Hasta la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados llegó el fiscal nacional, Ángel Valencia, junto al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el director nacional de Gendarmería (S), Rubén Pérez, para entregar antecedentes sobre la excarcelación de Alberto Mejía Hernández, el denominado “sicario de Meiggs”.

En la instancia parlamentaria, el fiscal anunció que entre la tarde de este lunes y la mañana del martes harán llegar a Gendarmería un oficio, donde pedirán un reporte a la institución penitenciaria para que les “informe cuántas personas extranjeras hay hasta hoy día privadas de libertad en centros de Gendarmería“.

El fiscal explicó que el objetivo de esta medida es poder cotejar la información con el sistema de registro del Ministerio Público.

De esa forma se podrá “verificar qué es lo que hemos hecho para determinar la identidad de esas personas, para que no nos vuelva a pasar dos veces”.

La solicitud surge a raíz del caso del sicario Alberto Mejía, quien fue encarcelado por el asesinato de un empresario del barrio Meiggs. En un comienzo el sujeto fue procesado con el nombre de Osmar Ferrer. Esta falsa identidad fue uno de los factores que incidieron en la cadena de confusiones que culminó con su liberación.

En la Comisión de Seguridad, Valencia explicó que Mejía había estado detenido en 2022 por dos causas distintas. “Lo llevamos con un nombre distinto, lo perseguimos con un nombre distinto, lo formalizamos con un nombre distinto, ingresa con un nombre diferente”, indicó.

Al año siguiente de esas formalizaciones, en 2023, se dictó una resolución que instruía a todos los fiscales solicitar prisión preventiva para los “imputados que no era posible identificar en su nombre”.

“En aquella oportunidad, y como consecuencia de aquello (…) se instaló un turno del Registro Civil dentro del Centro de Justicia, para tomar las huellas de todos los imputados cuya identidad tenía que establecerse".

Valencia recalcó que en 2022, cuando Mejía fue formalizado por otros delitos, “este bicriterio no estaba vigente”.

En ese sentido, destacó que la solicitud del catastro de reos extranjeros se enmarca en que existen sospechas “particularmente las personas que pueden estar privadas de libertad desde 2021 hacia atrás, de que podría eventualmente estar preso alguien y que después nos damos cuenta que lo tenemos por prófugo, pero simplemente lo tenemos privado de libertad bajo un nombre diferente”.

“Creo que con eso podemos también evitar otro problema y lo vamos a chequear con las bases de datos que tenemos”, sostuvo.