Un duro golpe asestó la tarde de este martes el juez Patricio Álvarez, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a los intereses del Ministerio Público. Y es que luego de cuatro jornadas de formalización de cinco de los protagonistas del denominado caso ProCultura, el magistrado rechazó la petición de prisión preventiva y sólo accedió a quedasen con arraigo nacional.

Se trata de los imputados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado, aunque respecto de este previamente se decretó su arresto domiciliario total.

De acuerdo con la resolución del magistrado, el Ministerio Público -representado en esta oportunidad por el fiscal Cristián Aguilar- no logró acreditar la existencia de delitos, habría presentado antecedentes contradictorios y, además, no se habría logrado probar que los imputados mantenían ánimo y concierto para defraudar al Fisco, como había subrayado el Ministerio Público.

Destacó, en ese sentido, que los antecedentes expuestos por el equipo del ente persecutor no son concluyentes para demostrar un acuerdo de las voluntades.

De igual forma, el juez descartó que hubiese riesgo de reiteración de los hechos que se indaga y dio por acreditada la colaboración sustancial de los imputados, por renunciar al derecho a guardar silencio, entregar las claves y contraseñas de aparatos tecnológicos, permitir acceso a cuentas bancarias, entre otras cuestiones.

Respecto de la determinación, el abogado de Larraín,Cristián Arias, fue enfático en que se está ante una resolución “estremadamente contundente y bien fundada que destaca, principalmente, que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar al Fisco o algo similar. Por lo tanto, lo que planteaba el Ministerio Público carecía de sustento serio. Y lo otro que es importante es que los proyectos que hacía ProCultura son proyectos reales que no pudieron seguir desarrollándose”.

Por su parte, el abogado de María Constanza Gómez, Alejandro Alegría, manifestó: “Fue una resolución bastante contundente (...) Yo creo que la causa tiene que seguir, tenemos toda la intención de aclarar cualquier tipo de duda que tenga el Ministerio Público y esa ha sido siempre nuestra postura”.

Desde la defensa de Evelyn Magdaleno, en tanto, Javiera Corvalán, sumó: “Creemos que el resultado de esta audiencia es reflejo de los antecedentes que se hicieron valer durante todas estas extensas jornadas. Nos parece que quedó muy claro que las imputaciones no tienen sustento”.

Con todo, todas las defensas al ser consultadas respecto de dónde está el dinero que se transfirió a ProCultura y que no se ejecutó -lo que superaría los mil millones de pesos- declinaron hacer comentarios. 

La defensa de Larraín

Fueron casi dos horas por las que se extendió el alegato de defensa de Alberto Larraín -uno de los principales protagonistas de esta arista del caso Convenios-, a cargo de la dupla de abogados Cristian y Vicente Arias.

Frente al juez, Cristián Arias comenzó la defensa del psiquiatra imputado por el desfalco de más de 1.600 millones del Gore Metropolitano. El abogado cuestionó la investigación que está realizando el Ministerio Público y pidió al juez que se rechace la prisión preventiva para su representado. En este sentido, afirmó que existe una “imputación tan difusa que hace bastante evidente que a la base no es claro que se haya cometido un delito penal”.

Arias descartó la existencia de un posible fraude al Fisco y, sobre los más de $1.600 millones que Fiscalía afirma que se defraudaron en el contrato entre ProCultura y el Gore Metropolitano, aseguró que “lo que es claro es que el dinero no está en el bolsillo de Alberto Larraín”.

Asimismo, argumentó que ProCultura no es Democracia Viva, pues la organización de su representado “tiene 15 años de trayectoria con decenas de proyectos con instituciones privadas y públicas que fueron adjudicados sin ningún inconveniente (...). Es completamente falso que ProCultura, y sobre todo Alberto Larraín, no tuviera la experiencia para tratar temas de salud mental”.

Por otro lado, el abogado Vicente Arias destacó la colaboración que Larraín ha prestado ante la investigación de casi dos años del Ministerio Público: “Desde el primer momento ha colaborado en varias oportunidades y de varias formas diferentes”. Asimismo, el abogado mencionó que su representado “desde el 2023 no sale del país, precisamente por la investigación que se está llevando a cabo”.

Para cerrar su alegato, el defensor aseguró que mantener a su representado privado de libertad sería “desproporcionado”, pues Larraín “no es un peligro real para la sociedad” y trabaja actualmente con pacientes por su oficio de psiquiatra. Debido a esto, Arias mencionó que el arresto domiciliario total “es suficiente medida”.

Las coimputadas

En medio de la audiencia, también fue el turno de que las demás defensas expusieran, instancia en que los abogados de las imputadas María Constanza Gómez y Evelyn Magdaleno protestaron. Esto, debido a errores presentes en los antecedentes de la investigación que presentó el Ministerio Público antes de concretar la formalización.

Los abogados de Gómez, Sebastián Soto y Alejandro Alegría, expusieron que la Fiscalía atribuyó un audio -de fecha 3 de febrero del 2022- a su representada en el informe policial del caso, a pesar de que no fuera ella quien lo realizó, sino la imputada María Teresa Abusleme.

Debido a aquello, los abogados denunciaron que existieron “ciertas irregularidades en la investigación” por parte del Ministerio Público y que el caso demuestra “la falta de competencia del equipo de investigación (...) En cuanto a los antecedentes que se estiman para redactar la formalización”.

Por su parte, la abogada de Magdaleno también expuso sobre el audio. La defensora explicó que el mismo ni siquiera corresponde al periodo en el cual se gestó el proyecto Quédate, sino a un contrato el cual fue realizado antes del proyecto que se adjudicó los fondos del Gore de la Región Metropolitana.

Asimismo, la abogada detalló que todos los chats expuestos en los antecedentes que fundamentan la prisión preventiva corresponden a coordinaciones por el contrato antes descrito, el cual ocurrió durante el 2021.

Debido a esto, la defensora criticó la investigación del Ministerio Público y afirmó que existe “una gigante confusión por parte de la fiscalía”.

Los planteamientos de la Fiscalía

Pese a la resolución del magistrado, durante los días de audiencia el fiscal Cristián Aguilar insistió en la necesidad de cautela, producto de la gravedad de los delitos que se persiguen.

Como recalcó el fiscal durante las audiencias previas, los imputados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, actuaron concertados junto al gobernador Claudio Orrego para que ProCultura se adjudicara el convenio que les permitió recibir $1.683.788.000 y así defraudar al Fisco.

Para probar aquello, el persecutor detalló los vínculos previos que existían entre los coimputados y la relación de cercanía que mantenían. Pero, además, hay antecedentes que probarían que el proceso de adjudicación de los fondos estuvo viciado. Según sostuvo Aguilar en las jornadas previas, “la fundación operaba constantemente con una estrategia coordinada e impulsada desde las más altas esferas del Gore Metropolitano para asignar proyectos financiados con fondos públicos“.

Producto de la serie de antecedentes recabados durante la indagación, en el Ministerio Público se recalcó que llegaron a la conclusión de que “los recursos públicos asignados en virtud del proyecto de ‘Quédate’ fueron transferidos sin un proceso previo de selección ni verificación de la experiencia acreditada o de la idoneidad técnica de la Fundación. En otras palabras, se procedió a una asignación discrecional, por tanto, arbitraria, carente de parámetros objetivos de evaluación y sin observar los principios de transparencia, probidad y eficiencia que rigen la contratación pública".

Para la Fiscalía, todo fue parte de un "acuerdo conjunto entre los miembros de la Fundación y los del Gobierno Regional Metropolitano, siendo este proceso dirigido por el gobernador Claudio Orrego, quien supervisaba las decisiones sobre los proyectos, actuando previamente concertados con los restantes imputadas e imputados".