Arresto domiciliario para funcionarios de la PDI, uno activo y otro en retiro, formalizados por cohecho y violación de secreto en investigación de lavado de activos
Asimismo, tres civiles formalizados por soborno quedaron con arresto nocturno. Según se detalló en la audiencia, estos últimos habrían pagado a los policías para que les entregaran información en causas donde estaban siendo indagados.
Durante esta tarde, la Fiscalía Oriente formalizó a dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, un comisario activo y un prefecto en retiro, formalizados por cohecho y violación de secreto en investigación de lavado de activos. En la misma causa, otros tres sujetos fueron formalizados por soborno.
La magistrada Verónica Orozco, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, desestimó la solicitud de prisión preventiva que hizo el Ministerio Público para los funcionarios policiales y decretó la medida cautelar de arresto domiciliario, estableciendo un plazo de 120 días para la investigación. En el caso de los civiles, la fiscalía pedía el arresto domiciliario total, sin embargo el tribunal decretó que quedaran con arresto nocturno.
El hecho se enmarca en una investigación que lleva adelante el Ministerio Público por contrabando de joyas y relojes de lujo, que serían robados en el extranjero, internados y comercializados en Chile. La investigación lleva tres años e involucraría a funcionarios de la PDI y una red de chilenos dedicados al robo en países de Europa y América del Norte. En la misma, figuran personas indagadas por receptación.
De acuerdo a lo relatado por el fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los policías, Cristián González Arancibia y Mauricio Jorquera Gallardo, se reunieron en varias oportunidades con los civiles formalizados, Domingo Jalil, David Gómez y Juan Manuel López Totoricagüena, que se dedicaban al comercio y que eran indagados por lavado de activos.
En esas reuniones, los civiles habrían pagado sumas de 30 y 15 millones de pesos por la entrega de información de las causas que la misma policía llevaba en su contra. Una de las citas se dio en un restaurante ubicado en Avenida Cumming con San Pablo.
A González y Jorquera se le imputan dos delitos de cohecho y y dos de violación de secreto, mientras que a Jalil dos de soborno, a Gómez uno de soborno y a López Totoricagüena uno de soborno.
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