La Fiscalía de O’Higgins determinó poner fin a la indagatoria que desarrollaba desde hace cerca de dos años, respecto a presuntos delitos sexuales en los Legionarios de Cristo y de la Sociedad de Vida Apostólica Consagradas del Regnum Christi.

El caso se remonta a 2019, cuando el movimiento debió enfrentar dos denuncias separadas, una ante las Consagradas del Regnum Christi y, otra, ante la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede.

La investigación encargada por la Congregación para la Doctrina de la Fe duró nueve meses y concluido el análisis y ponderación de todos los antecedentes, se ordenó el archivo del caso en razón de no reunirse ni constarse elementos suficientes para dar credibilidad a la denuncia, según explicaron los Legionarios de Cristo en su momento.

Posteriormente, en junio de 2023, la Fundación para la Confianza presentó una demanda de indemnización de perjuicios.

Frente a esto, el miércoles 23 de agosto, los siete sacerdotes de los Legionarios de Cristo que fueron mencionados en la demanda acudieron a la Fiscalía Regional Oriente, para dar cuenta de los hechos narrados en la demanda civil y solicitar que estos sean investigados penalmente.

Este lunes, en un texto difundido a nombre del director territorial de los Legionarios de Cristo en Chile, el sacerdote Pablo Solís, y la religiosa Gabriela Garza, directora territorial de las Consagradas del Regnum Christi, se indica que esa demanda civil aludida “levantó acusaciones gravísimas por supuestos hechos de abusos sexuales en el Centro Estudiantil de las Consagradas del Regnum Christi, entre los años 2008 y 2010, implicando a un grupo de siete sacerdotes Legionarios de Cristo, una consagrada y una exconsagrada del Regnum Christi”.

Ante la denuncia, 32 exconsagradas suscribieron una carta en la que señalaban que la acusación era “verosímil”. “Fuimos sometidas a un ambiente en el que el abuso de poder y conciencia eran lo común”, afirmaron.

En el texto firmado por Solís y Garza, que fue difundido en el sitio web de Regnum Christi, se indica que el Ministerio Público anunció el cierre de la investigación penal y solicitó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago “audiencia para comunicar su archivo dado que no existen antecedentes que den cuenta de los hechos investigados”.

“Durante la investigación fueron llevadas a cabo todas las diligencias necesarias, tanto las decretadas por el Ministerio Público como las solicitadas por ambas partes, para determinar la existencia del supuesto hecho punible, sus autores, cómplices o encubridores. Entre ellas, se tomaron declaraciones a todas las personas implicadas, se escuchó a los testigos presentados por ambas partes y se examinaron pericias médicas, psicológicas, caligráficas y situacionales. Con todo, no se encontró fundamento alguno para formalizar una investigación ni acusar a las personas mencionadas”, indicó el grupo religioso.

En esa línea, destacan que “este resultado de la investigación penal es consistente tanto con lo planteado, desde el primer momento, por las personas nombradas —quienes siempre aseguraron su total inocencia— así como con la exhaustiva investigación de la justicia canónica decretada por la Santa Sede, que concluyó en 2021, que no existen elementos que sustentaran la credibilidad de las denuncias".

“Nos apena el inmenso dolor que esta situación ha causado a tantas personas y por tan largo tiempo”, manifestaron.