Menos de 20 minutos faltaban para las 23 horas de este domingo, cuando en el kilómetro 582 de la Ruta 5 Sur, una camioneta Mitsubishi L200 comenzó a ser quemada. Se trataba del inicio de un nuevo ataque en la Macrozona Sur, específicamente en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, y cuyo siniestro había sido provocado por un grupo de entre seis y ocho desconocidos.

El ataque incendiario a este vehículo, que presumiblemente sería robado, fue el anticipo del ataque que minutos más tarde el grupo llevaría a cabo. Los sujetos, con el tránsito ya obstaculizado, comenzaron a disparar “indiscriminadamente”, según ha dicho el Ministerio Público, en contra de los vehículos que pasaban a esa hora por la principal ruta del país.

La serie de disparos afectó a cuatro vehículos, dos camionetas y dos camiones. A raíz de ese ataque, dos personas resultaron heridas: una mujer que recibió impactos de bala en sus piernas y un camionero que fue afectado por los vidrios que se rompieron por los disparos. Pese a la gravedad del hecho, ambas personas no tienen heridas de consideración ni se encuentran en riesgo vital.

Hasta ahora, y con diligencias a cargo de Carabineros, la Fiscalía Regional de La Araucanía ya ha podido determinar la dinámica de los hechos, pudiendo establecer que el ataque se produjo al menos con cuatro armas: una de 9 milímetros y una escopeta calibre 12. Sin embargo, según afirmó el fiscal regional Roberto Garrido, “lo más preocupante de todo, y lo que le da una gravedad importante a este caso, es la relación con la utilización de armamento de guerra”.

Se trata de dos armas que utilizan munición de calibre 5.56 y 7.62 y que, según afirmó Garrido, requieren utilizar fusiles. “Este armamento es mucho más letal que un arma convencional. Requiere además de una capacidad y un entrenamiento para su uso y puede causar también, obviamente, lesiones que son más importantes y puede ser utilizado a una distancia mayor que el armamento calibre 12 o calibre 9 milímetros”, especificó el persecutor regional, quien además sostuvo que “no es la primera vez que encontramos este tipo de evidencia balística”.

Pero el incidente generó preocupación no sólo en los vecinos del sector, sino que también en las autoridades e investigadores de la zona. Lo anterior, porque se da en medio del estado de excepción constitucional, el que ha permitido disminuir en un 53% los incidentes en la Macrozona Sur, según ha reportado el gobierno. Además, el incidente se produce en medio de las campañas presidenciales y parlamentarias.

En esa línea, Garrido destacó que “a pesar de la disminución de los casos de violencia que han ocurrido en la zona, las orgánicas criminales están actuando cada vez con mayor violencia, atacando directamente a la población, y, en este caso, de manera indiscriminada".

Un lienzo reivindicatorio

Si bien el ataque registrado la noche de este domingo no se trata de un incidente que antes no ha ocurrido, sí llama la atención de los investigadores, dado que se trata de disparos “aleatorios”, a lo que se suma que tampoco se han registrado hechos similares el último tiempo.

Un antecedente fundamental de la indagatoria de la Fiscalía es el lienzo dejado por el grupo de desconocidos en el sector. En una tela blanca, con diferentes consignas, la agrupación pide “verdad y justicia Chuñil” en alusión a la desaparición de Julia Chuñil, así como también exige “juicio justo” para una serie de sujetos, calificados como “presos políticos”, que están condenados o cuyo justicio está en espera.

En el listado figura Dagoberto Queipul, quien fue condenado a 10 años de internación por los delitos de robo calificado, disparos injustificados y homicidio frustrado. Otro de los hombres mencionados es José Arzola, condenado a presidio perpetuo por robos; así como también Alejandro Liguen, condenado recientemente por el homicidio de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI). También aparece en ese listado Joaquín Millanao, condenado por robos, homicidio frustrado y maltrato de obra a Carabineros.

“Esta es una forma de presión que tienen las organizaciones criminales para lograr, no solo a través de las huelgas de hambre, sino que el ataque a la población, de presionar a las autoridades para lograr beneficios o disminuciones de sus condenas, fuera de los márgenes que establece el ordenamiento penal”, señaló Garrido.

Si bien el fiscal regional de La Araucanía afirmó que ningún grupo se adjudicó el ataque hasta ahora, Ercilla se trata de una zona en la que en hechos anteriores han operado organizaciones como la Resistencia Mapuche Malleco (RMM) o la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

La querella del gobierno

La mañana de este lunes, y en entrevista con EmolTV, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, anunció que el gobierno se querellaría por Ley Antiterrorista. Según señaló el titular a cargo de la seguridad, se trata de la sexta acción penal de este tipo empleada por el Ejecutivo y que se suma a las presentadas por los ataques a la Central Rucalhue en abril pasado.

En el Congreso, durante la tarde, el ministro Cordero explicó que el gobierno calificaba este hecho como de caracteres terrorista por varias razones. La primera de ellas, por el lugar en el que ocurría, así como también por "la forma y modo en que se ejecutó, y los medios que se utilizaron. Y, en tercer lugar, las menciones y reivindicaciones que se encuentran en el lienzo que ustedes encontraron en el lugar".

Seguido de aquello, el titular de gobierno agregó que el Ejecutivo “considera conveniente señalar” que “en Chile no existen presos políticos”, que el armamento usado en la Macrozona Sur generaba preocupación y reiteró que el uso de la Ley Antiterrorista es “por la naturaleza y los medios de investigación que un ataque de estas características merece”.

“Atacar directamente con ese tipo de armamento a un vehículo con personas en su interior deliberadamente es un acto no solo criminal, sino que de cobardes”, concluyó Cordero.