La Fiscalía Supraterritorial que lidera el fiscal Miguel Ángel Orellana acaba de cumplir seis meses de operaciones.

Y el desafío de Orellana era importante, pues no sólo implicaba echar a andar desde cero una nueva repartición al interior del Ministerio Público, sino que traía consigo un cambio de paradigma.

Tal comenta Orellana en conversación con La Tercera, hoy miran con satisfacción las labores realizadas. A pesar de que recién cuentan con el 40% de la dotación, ya están 100% operativos, se posicionaron ante las diferentes instituciones y, aunque inicialmente no estaba previsto, se hicieron cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano.

A la fecha, además, suman más de 250 causas vigentes y 182 imputados formalizados, de los cuales 162 quedaron en prisión preventiva o internación provisoria. Desde que asumieron la coordinación operativa y administrativa de ECOH, además, esta entidad sumó 390 causas y 75 imputados formalizados.

“En retrospectiva, la evaluación es exitosa. Hemos sido capaces de dar este primer paso, aunque no estamos totalmente satisfechos, porque tenemos planes muy ambiciosos para este segundo semestre. Pero sabíamos que al inicio teníamos que hacer instalación, coordinación, generar flujos de trabajo, y también generar causas y resultados para poder validarnos (...) Así que estamos contentos, hemos tenido resultados muy interesantes”, sostuvo Orellana.

Entre los procedimientos que destaca están, por ejemplo, los desarrollados en conjunto con efectivos de la Macrozona Sur respecto del patrimonio de estructuras criminales y también el operativo que desplegaron junto a la Fiscalía Regional del Maule en que frustraron el homicidio de un empresario en San Clemente.

Pero esas no son las únicas. También suma la causa por armas 3D, la desarticulación de la banda dedicada a secuestros que integraba el exfiscal Vinko Fodich y, entre otras, la que acaban de dar a conocer respecto de una red que lideraba un imputado que permanece recluido en el Repas.

Para la nueva etapa que se ha trazado el persecutor, la llamada “Fase II”, la atención estará puesta en indagaciones sobre finanzas criminales y sobre aquellos delitos que tienen directa injerencia en la libertad de determinación de las personas, como lo son las estafas virtuales y extorsiones.

“Esos delitos nos muestran de manera clara los efectos de la intervención de la criminalidad organizada, de esa que afecta directamente a la comunidad y que provoca un efecto que es muy pernicioso como la desesperanza, la decisión de la víctima de no denunciar y la falta de confianza en el aparato estatal. Por eso nos preocupan especialmente”, dijo.

En la persecución de esos fenómenos tienen como misión esencial reforzar los espacios de coordinación con las regiones. “En los primeros seis meses hemos levantado muchísima información respecto de la realidad de cada región y macrozona, y ahora corresponde que apliquemos eso”, acotó Orellana.

Tensiones y temores

En medio de los balances, Orellana reconoce que la puesta en marcha de la Supraterritorial generó tensiones en determinadas regiones, ya que ellos tienen la facultad de tomar ciertas indagaciones que ya tengan en curso las distintas unidades.

“La capacidad que tiene la Fiscalía Supraterritorial de tomar una decisión de pedir una investigación que está siendo desarrollada por una fiscalía regionales, naturalmente ha generado tensión, pero ha sido una suerte de problema feliz, porque en definitiva es la pugna de dos fuerzas que van en el mismo sentido, que quieren lo mismo básicamente. Entonces, por supuesto ha generado ciertos niveles de tensión, pero eso ha sido resuelto de una manera muy eficiente. La actitud de las fiscalías regionales ha sido extraordinaria”, sostuvo el persecutor.

Otro aspecto que generaba preocupación en la antesala de la puesta en marcha de la Supraterritorial era la seguridad de los equipos, aunque hasta ahora, no registran amenazas ni ataques que apunten a afectar sus labores. Y en eso, como compartió Orellana, estiman que ha incidido de manera importante el no individualizar las causas, sino que asumirlas de manera conjunta, como equipo. Preventivamente, eso sí, se han adoptado otras disposiciones que siguen manteniendo bajo reserva.

Y aunque siempre están alertas ante factores externos que puedan tener impacto en sus gestiones, Orellana, tal como evidenció el fiscal nacional, Ángel Valencia, manifestó preocupación respecto de cómo se planteó el Presupuesto 2027 por parte del Ejecutivo.

“La propuesta de la Ley de Presupuestos para el año 2027 para la Fiscalía Supraterritorial tiene un impacto. Tiene un impacto importante, primero porque hace una propuesta, en términos de recursos, que está justificada en alterar las fechas de incorporación del elemento más importante de la Fiscalía Supraterritorial, y de cualquier Fiscalía, que es el recurso humano con el que se trabaja. Se postergan los momentos de ingresos de profesionales y fiscales, de una manera tan importante que casi un 65% del ingreso se difiere a diciembre del 2027, cuando en un principio estaba proyectado para abril”, cuestionó.

En el mismo sentido, reprochó que los recursos de ECOH estén supeditados a informes que tendría que visar la Dipres. “Esto no tiene que ver con no querer dar cuenta. De hecho, la Fiscalía da cuenta, periódica y detalladamente del uso de los recursos y es un tema de prioridad. Pero efectivamente no tenemos que justificar gastos ni en causas determinadas, ni en proyectos específicos, que tengan que ver con la persecución penal. Porque eso es el corazón de la autonomía del Ministerio Público”, apuntó el persecutor.

Nuevas herramientas

Adicionalmente, y en atención a las labores que se avecinan, el persecutor hizo presente que se requiere avanzar en mayores herramientas de inteligencia financiera preventiva.

“La Fiscalía está cerrando filas con la posibilidad de que la Unidad de Análisis Financiero logre tener acceso a través de autorizaciones judiciales, de una manera mucho más integral e integrada, a la información financiera respecto de los sujetos que le han sido reportados”, apuntó.

Para Orellana, además, debiese prosperar la idea de acceder a la información bancaria de un sujeto, sin la necesidad de una autorización judicial, si es que ya fue reportado por el sujeto obligado. Esto, aseguró, porque no tiene sentido que la Fiscalía pida autorización respecto de una persona para la cual la UAF ya obtuvo autorización para revisar sus cuentas.

Igualmente, sostuvo Orellana, requieren tener acceso administrativo a la información de cuentas y finanzas en general de entidades estatales, municipalidades y empresas que reciban directamente recursos de organismos del Estado. “Qué garantía fundamental se podría estar afectando si en definitiva lo que el Ministerio Público quiere es acceder a cuentas bancarias que lo que tienen en su interior son fondos públicos. Ahí lo único que hay que proteger es la integridad de esos fondos”, dijo.

Y adicionalmente, postuló que se les debería facultar no solo para hacer revisiones de cuentas hacia atrás, sino que también para hacer monitoreos de cuentas en tiempo real.