Finalmente el gobierno concretó la presentación de una querella bajo la nueva Ley Antiterrorista por el ataque incendiario a la hidroeléctrica Rucalhue, en la Región del Biobío. La acción judicial del Ejecutivo se materializó el pasado viernes ante el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara, donde ingresaron el primer texto de este tipo bajo la reformada normativa.

En el escrito presentado por el Ministerio de Seguridad Pública el gobierno apunta “en contra de todos quienes resulten responsables”. Sin embargo, en el mismo documento de 28 páginas apunta a un grupo radical de la zona: Weichán Auka Map (WAM).

El documento, confeccionado por el equipo jurídico del ministerio encabezado por Luis Cordero, apunta a que en el atentado ocurrido la madrugada del domingo 20 de abril se habrían cometido los delitos de incendio -se quemaron 50 maquinarias-, porte ilegal de armas de fuego, porte ilegal de armas prohibidas, disparos injustificados y la asociación terrorista, el principal punto de la querella.

Las huellas de la WAM

El Ministerio de Seguridad en su escrito -el que ya fue declarado admisible por el tribunal- inicia describiendo los hechos, apuntando a que un grupo de 12 personas realizó el ataque incendiario e hirió a uno de los guardias del lugar.

Pero junto con eso el gobierno también expuso que en el lugar fueron dejados dos lienzos. En el primero de estos decía: “Libertad a Luis Tranamil y todos los P.P.M. (presos políticos mapuche), Yordan Llempi, Matías Catrileo, presente en el weichan. Nuestro objetivo es todo el Wallmapu”. El segundo escrito afirmaba que “Son cinco años de militarización, acción sabotaje, marichiweu”.

Tranamil fue condenado a más de 30 años de cárcel por el crimen del carabinero Eugenio Naín, mientras que Llempi murió el 2021 en un procedimiento militar, al igual que Catrileo, quien murió el 2008.

El gobierno sostiene que las leyendas expuestas en los carteles son “compatibles en principio con las exigencias de la orgánica radical Weichan Auka Mapu, conocida bajo las siglas WAM”.

Según dio a conocer La Tercera Domingo el 2022, este grupo corresponde a una organización que actúa principalmente en Cañete y Tirúa y su nombre significa “lucha del territorio rebelde”. Orgánica conocida por sus ataques violentos y que habría nacido, según los antecedentes de inteligencia citados en aquel entonces, a partir de un quiebre con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y su líder Héctor Llaitul.

La WAM, cita el gobierno en la querella, desde el 2023 se ha adjudicado al menos 10 atentados -dos este año- en los que, al igual que en Rucalhue, ha dejado lienzos citando a las mismas personas, con escritos similares y reivindicando igualmente las causas.

Los hechos descritos según la querella “permiten relacionar el atentado denunciado en la presente querella con otros ocurridos en la macrozona y que han sido adjudicados por la orgánica radical WAM”.

La argumentación judicial

Si bien el ataque incendiario se produjo el domingo pasado, la querella del gobierno ingresó casi una semana después, según explicaron fuentes de gobierno a este medio, dada la cautela con la que se estaba redactando el escrito, precisamente, al ser el primero que se presenta desde que se promulgó la reforma a la Ley Antiterrorista.

Sobre esa argumentación, el escrito del Ministerio de Seguridad plantea que en este caso se constituye una asociación terrorista dado que existen los elementos que la nueva ley estipula, como el caso de que existe una pluralidad de personas -actuaron más de tres-, hay una “organización funcional” y una “acción sostenida en el tiempo”, para lo que se vuelven a citar los 10 atentados que se ha adjudicado la WAM.

Pero además de eso el gobierno también apunta a la finalidad que tenía la organización, ya que el ataque incendiario a la hidroeléctrica Rucalhue es “una afrenta a las estructuras del Estado democrático de la República, con la concreta pretensión de desestabilizar (...) corresponden al atentado incendiario más grande registrado en esta zona, si se consideran la extensión de destrucción material, el grado de organización y la capacidad logística de sus autores; afectando al Estado democrático y su institucionalidad, así como también a la seguridad de los trabajadores, de las comunidades aledañas y, en general, a la actividad y desarrollo económico de la Región del Biobío”.

En esa línea, también argumenta que “a todas luces” el grupo busca “imponer una decisión a una autoridad del Estado democrático, en este caso al Poder Judicial”, al exigir la libertad de los denominados presos políticos mapuche.

Por último, la querella presentada por la cartera encabezada por Cordero sostiene que este ataque “razonablemente altera la tranquilidad pública de los habitantes de la región y la denominada Macrozona Sur, donde no puede existir una convivencia pacífica, tranquila y serena una vez que se ha apreciado que sujetos armados y notoriamente organizados atentan contra la integridad física de las personas y el derecho a la propiedad”, concluye el texto.