El Gobierno Regional Metropolitano (GORE) será citado nuevamente ante la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización del Consejo Regional el próximo 24 de agosto, luego de que sus representantes no expusieran sobre el estado actual de una auditoría externa adjudicada por $55 millones y cuya contratación fue posteriormente anulada por el Tribunal de Contratación Pública.

La instancia busca despejar qué ocurrió con la auditoría de los estados financieros del GORE correspondientes a los años 2021, 2022, 2023 y 2024, luego de que el tribunal declarara ilegal y arbitraria la resolución que entregó el contrato a Surlatina Auditores Limitada.

En la sesión anterior de la Comisión de Control de Gestión, los representantes del Gobierno Regional participaron y expusieron en los otros dos puntos de la tabla, pero no se presentaron a abordar el estado de avance de la auditoría.

La citación buscaba obtener información sobre el nivel de ejecución del contrato, los productos comprometidos y entregados, los pagos efectuados, las actuaciones administrativas realizadas y las medidas adoptadas respecto de la continuidad o término del proceso.

El presidente de la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización, Sergio Morales, sostuvo que el objetivo no era volver a discutir la sentencia, sino determinar en qué situación quedó la auditoría.

“Por eso citamos al Ejecutivo para conocer algo tan básico como el estado actual de la auditoría. No lo citamos para discutir la sentencia, sino para saber cuánto ha avanzado, qué se ha entregado y en qué situación se encuentra”, señaló.

“El Ejecutivo participó de la comisión y expuso los otros dos puntos de la tabla, pero justamente en el punto de la auditoría no se presentó a exponer. En vez de despejar las dudas, hoy tenemos más preguntas que respuestas”, agregó.

Tribunal anuló la adjudicación de la auditoría

El conflicto se originó en la licitación para realizar una auditoría externa a los estados financieros del Gobierno Regional correspondiente a los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.

El contrato fue adjudicado el 19 de junio de 2025 a Surlatina Auditores Limitada, por un monto de $55 millones. Otro de los oferentes, Fortunato y Asociados Limitada, impugnó posteriormente el proceso ante el Tribunal de Contratación Pública.

La controversia estuvo centrada en la documentación técnica presentada por la empresa adjudicataria.

Las bases establecían que los antecedentes calificados como “esenciales” debían encontrarse disponibles al momento de la apertura de las ofertas. Surlatina presentó el Anexo N°5, correspondiente a su propuesta técnica, pero no incorporó los archivos que contenían la metodología propuesta y la Carta Gantt.

La apertura se efectuó el 26 de mayo de 2025. Posteriormente, el 9 de junio, el GORE solicitó mediante un foro inverso que Surlatina incorporara esos documentos, lo que la empresa hizo ese mismo día.

El Gobierno Regional defendió que se trataba de un “mero error formal”, entre otros argumentos porque los archivos habían sido creados antes del cierre de las ofertas y no incidían directamente en el puntaje obtenido.

El tribunal rechazó esa interpretación. Determinó que la metodología y la Carta Gantt formaban parte del contenido técnico esencial de la propuesta y que no correspondía permitir que esos antecedentes fueran incorporados una vez abierto el proceso.

En su sentencia del 29 de mayo de 2026, concluyó que permitir a Surlatina completar posteriormente el núcleo técnico de su oferta constituyó “un privilegio indebido que vicia el procedimiento”. Como consecuencia, declaró ilegal y arbitraria la adjudicación y la dejó sin efecto.

Morales planteó que ese antecedente obliga al Gobierno Regional a aclarar qué consecuencias tuvo el fallo sobre la auditoría.

“El Tribunal declaró ilegal y arbitraria la resolución que adjudicó esta auditoría y estableció que permitir al adjudicatario completar posteriormente el núcleo técnico de su propuesta constituyó un ‘privilegio indebido que vicia el procedimiento’. Frente a un antecedente de esa magnitud, es legítimo preguntarnos cómo afecta esto la confianza que necesariamente debe existir en una auditoría externa de esta importancia. Esa es una duda que el Gobierno Regional debe despejar”, afirmó.

Las preguntas que deberá responder el GORE

El fallo no ordenó entregar automáticamente el contrato a Fortunato y Asociados. En cambio, estableció que el GORE debía adoptar una decisión fundada respecto de si correspondía retrotraer el proceso licitatorio o si, considerando el grado de ejecución alcanzado, la necesidad pública que motivó la contratación ya había sido satisfecha.

Ahí radican precisamente algunas de las interrogantes que la comisión busca esclarecer.

Entre ellas están cuánto de la auditoría alcanzó a ejecutarse, cuánto dinero se pagó efectivamente a Surlatina, qué productos fueron entregados, si los informes correspondientes a los cuatro ejercicios fueron completados y qué medidas administrativas adoptó el GORE después de conocerse la sentencia.

Para Morales, el período examinado hace especialmente relevante obtener esas respuestas.

“Estamos hablando de una auditoría especialmente relevante porque comprende los años 2021 a 2024, precisamente el período anterior, en el que conocimos distintos casos y cuestionamientos públicos sobre el uso y control de recursos del Gobierno Regional. Por esos antecedentes necesitamos el mayor nivel posible de certeza y confianza”, afirmó.