Guillermo Silva, presidente de la Corte Suprema: “Vendrá una avalancha segura, sobre todo en tribunales penales y nos estamos preparando”

El magistrado da cuenta de lo que vendrá cuando pase la pandemia del Covid-19 y fija los lineamientos generales del máximo tribunal para enfrentar la discusión constituyente. Un temor que manifiesta es que el eventual nuevo órgano que se haga cargo de los temas administrativos se politice.




Hace una semana, el pleno de la Corte Suprema tuvo su jornada de reflexión, en la que hablaron exclusivamente sobre el proceso constituyente. El asunto no es menor y el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, lo tiene claro: “Lo más probable es que el Poder Judicial sea tocado en esta nueva Constitución y tenemos que estar preparados”.

En conversación con La Tercera, Silva hace su rayado de cancha constitucional. Reconoce que el pleno no intervendrá en la convención constitucional, ya que la postura es respetar la soberanía de esa instancia, pero tiene confianza en que se escuchará la opinión del máximo tribunal. El supremo da por establecido dos puntos intransables: la judicatura debe seguir siendo un poder del Estado y debe conservarse el principio de la independencia del Poder Judicial.

Además se refiere al desafío que ha significado mantener constante el servicio judicial en pandemia. En ese contexto, le pone una nota 7 al Poder Judicial, pero reconoce que se vendrá una avalancha de causas judiciales cuando se retome el ritmo normal.

¿Cómo se enfrenta el debate constitucional, sabiendo que la convención constitucional parte sobre una hoja en blanco?

Eso es un decir, porque nuestra Constitución alguna cosa buena tendrá. Tiene que analizarse la Constitución actual, qué cosas ameritan dejarse vigentes y qué cosas merecen ser cambiadas. Indudablemente, que un gran número de disposiciones actuales van a ser dejadas sin efecto, pero no cabe duda que algunas también van a permanecer. No pueden dejar, por ejemplo, sin efecto las disposiciones que establecen la independencia del Poder Judicial.

¿Qué disposiciones considera buenas y le gustaría mantener?

Todas las que dicen relación con la independencia del Poder Judicial y principios que son inherentes al Poder Judicial, como la inamovilidad de los jueces. Seguramente se va a cambiar lo de la responsabilidad, pero hay principios elementales que tienen que mantenerse. A lo mejor se van a mantener de otra forma, pero que son ineludibles de conservar. Es importante también dejar establecido que el Poder Judicial es un poder. No lo vamos a transformar en un servicio público común y corriente.

¿Les preocupa el estado actual de la discusión pública?

Eso tiene que terminar, tiene que primar la cordura. Si se va a hacer una Constitución, tiene que buscarse consenso. Lo que sea mejor para Chile y lo mejor para las instituciones que integran el país. Esto no se puede transformar en una lucha de posiciones.

¿La posición del pleno es esperar que les pidan información o asumir un rol protagónico?

Nuestra posición es no inmiscuirnos en las decisiones que tome el nuevo constituyente, pero sí aportar. El acta que comprende lo debatido en esta jornada de reflexión indudablemente puede servir de aporte al nuevo constituyente y por eso se dará a conocer. Tenemos que dejar establecido qué opinamos sobre temas trascendentes dentro del Poder Judicial. Los nuevos constituyentes verán, pero nosotros no nos inmiscuimos en decisiones que corresponden solamente a ellos.

¿No cree que eso podría ser riesgoso? Hay mucho en juego.

Se supone que el nuevo constituyente va a estar integrado por gente preparada y si no es preparada, se asesorarán bien para tomar las determinaciones adecuadas. A lo mejor se nos puede decir que hemos sido muy neutros en nuestras posiciones, pero por lo menos que se conozcan las posiciones que existen en el derecho comparado, en otros países y cuál ha sido la historia de esas posiciones en nuestro Poder Judicial. Ahora, si no quieren ser tomadas en cuenta por quien corresponde, es poco lo que podemos hacer.

Nuevamente se confirmó el acuerdo de la jornada de Chillán en 2014, de separar la función jurisdiccional de la administrativa.

Eso ha sido materia de un largo e intenso debate en la Corte Suprema. Ahora seguimos en la misma posición. Lo que nos preocupa es cuál va a ser la composición del órgano que se va a encargar de la administración, gestión y del gobierno judicial, porque existe y ha pasado en otros países, el peligro de que se politice el Poder Judicial. Eso por supuesto que no lo queremos. A nosotros nos interesa quedarnos con lo jurisdiccional, que es la tarea principal que tenemos los jueces.

¿Cuál es el temor del pleno sobre ese tema?

El principal temor es que el Poder Judicial se politice, porque en otros países donde existe ese sistema ha pasado. Nos interesa que la gente que integre ese organismo sea gente preparada, capacitada y que conozca la materia. Me estoy refiriendo, por poner un ejemplo, a que lo integraran decanos de carreras de Derecho.

¿Y jueces?

Compartimos en eso lo que dijo el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, de que ojalá, en su mayoría, esté integrado por jueces.

Una de las formas más simples para controlar un Poder Judicial es a través del nombramiento de jueces. ¿Han analizado el riesgo que implicaría?

Ese es un tema que lo hemos discutido durante mucho tiempo y hemos llegado a la conclusión, por mayoría, que es algo que deben sacarnos. Es increíble el tiempo que nos quitan las labores de administración y gestión. Imagínese que cinco ministros de la Corte Suprema integran el consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Es decir, ministros que tienen que estar preocupados de las licitaciones, adjudicaciones, de todos esos asuntos de los cuales ni siquiera somos especialistas ni tenemos mayores conocimientos. Mientras más tiempo tengamos para estudiar lo que vamos a decidir, no cabe duda de que será mejor.

¿Qué nota le pone a la respuesta del Poder Judicial en esta pandemia?

Comparado con los tiempos normales, la nota que le pondría al Poder Judicial en cuanto a resultados sería un 6, pero para el tiempo, situación y problemas que enfrentamos, creo que todos dimos lo máximo y si es así, le pondría un 7, sobre todo a los funcionarios. ¡Para qué le digo a los jueces de familia! Si existiera un 8, les pongo un 8. Por supuesto que el rendimiento no ha sido óptimo ni el que podríamos tener en tiempos normales, pero creo que no tendríamos nada que reprocharnos si no se lograron las metas habituales en un año normal.

¿Vendrá una avalancha judicial cuando esto pase?

Vendrá una avalancha segura sobre todo en tribunales penales y nos estamos preparando. Tuvimos una avalancha inesperada como fue el famoso retiro del 10% que estuvo apunto de hacer colapsar al sistema de familia. Los jueces de familia fueron abiertamente sobrepasados y tuvimos que destinar jueces dedicados a otras materias a familia.

¿Qué hacer con los tribunales civiles y el enorme atraso generado por la suspensión de los términos probatorios y el recorte de jueces?

Se tiene que restablecer la aplicación del famoso artículo 47, que permite que los secretarios de los tribunales civiles ejerzan también funciones de juez y se dividan con los jueces determinadas tareas del tribunal. Eso es algo que tenemos pendiente. ¿Cuál es la contra? Las materias presupuestarias y económicas. Parece extraño que en una ciudad como Santiago haya 30 jueces civiles para resolver todas las contiendas civiles que se producen. Con el sistema del artículo 47 quedan automáticamente en el doble, pero eso choca con el asunto presupuestario. Estamos tratando de equilibrar las cosas.

¿Está satisfecho con la diligencia para las retenciones judiciales de los retiros del 10%, que fue un asunto que les apareció de una semana para otra?

Así fue. El resultado en esas condiciones no puede ser óptimo, pero se ha hecho todo lo posible. Más no podemos hacer porque a lo imposible nadie está obligado. Si no se logra, nuestra responsabilidad es muy poca.

¿Cómo cree que ha actuado el Poder Judicial desde el estallido en adelante y cómo toma las críticas?

Las críticas se centran en el sistema de justicia, más que en los jueces, porque el sistema de justicia no lo integramos solamente nosotros y la gente tiene confusión entre lo que es el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría. Yo confío en nuestros jueces. Estoy seguro que lo han hecho bien y que las personas que están privadas de libertad lo están por algún motivo que justifique esa privación y los que han salido en libertad, también han sido justificadas. Nosotros no nos queremos inmiscuir en ello porque somos respetuosos de la independencia interna de los jueces.

¿Cree que hay presos políticos en Chile?

Voy a dar mi opinión personal, yo no he consultado a mis colegas de la Corte Suprema sobre cuál es su opinión. A mi juicio, no hay presos políticos en Chile. Estamos recabando información de todas las personas que están privadas de libertad como consecuencia de los hechos del denominado estallido social. Nos preocupa la materia y no me cabe duda que también está preocupado el Ministerio Público y la Defensoría.

¿Qué opina del proyecto que presentaron senadores de oposición para indultar a los imputados por delitos asociados al 18 de octubre?

Esa es una decisión que no me corresponde a mí, pero mi opinión personal de Guillermo Silva Gundelach, no de la Corte Suprema, es que no me gusta porque se va a sentar un precedente que no conviene.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.