Este viernes al mediodía, Daniel Urrutia, magistrado del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, dará a conocer su decisión respecto a la medida cautelar de prisión preventiva que la Fiscalía Oriente solicitó para el exdiputado Joaquín Lavín.

El otrora militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y diputado por tres periodos está siendo formalizado por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

La formalización partió el lunes.

La Fiscalía Oriente y la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como querellantes pidieron que el exdiputado Lavín quede en prisión preventiva.

La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, justificó su petición manifestando que la libertad del imputado constituye peligro para la seguridad y por el éxito en las diligencias de las investigación.

También se pidió la medida cautelar más gravosa para su exasesor parlamentario Arnaldo Domínguez.

Respecto al empresario Juan Alberto Silva, dueño de la imprenta MMG, formalizado por delitos tributarios y falsificación o uso malicioso de documentos privados, quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno de 22.00 horas a 06.00 horas en su departamento en Las Condes, además de prohibición de salir del país y prohibición absoluta de comunicarse con los coimputados de la causa.

El informático Felipe Vázquez se encuentra en España y no se presentó ante el tribunal, por lo que se dictó una orden de detención en su contra.

¿Quién es el juez que debe decidir?

Daniel David Urrutia Laubreaux tiene una activa vida gremial y es director y presidente de la Región Metropolitana de la Organización de Trabajadores Judiciales.

Fue juez de los juzgados de Garantía de Freirina en 2001, de Ovalle en 2003 y de Coquimbo durante 2004. Durante 2006 llegó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Es considerado un juez garantista y con sensibilidad de izquierda. En junio de 2023 la Corte Suprema confirmó una amonestación en su contra por haberse autoasignado una causa y liberado a imputados integrantes de la denominada primera línea de las manifestaciones del llamado estallido social.