Justicia condena a Recoleta a pagar $210 millones a familia de niño que murió por agresión escolar

Autor: Carlos Said

Se determinó que el municipio no tomó las medidas para evitar estos casos de hostigamiento. Se trata de una de las mayores indemnizaciones de las que se tenga registro.


Las agresiones entre escolares son un problema creciente en la educación chilena, que en algunos casos terminan con trágicas consecuencias. Lamentablemente, ese fue el caso de un niño de nueve años que en 2013 sufrió un episodio de bullying tan brutal, que en una caída se enterró un lápiz en el ojo, lo que le provocó muerte cerebral y su posterior deceso.

El escolar estudiaba en la Escuela Rafael Valentín Valdivieso, de Recoleta, y su familia acudió a la justicia para demandar a dicho municipio, en su calidad de sostenedor. Y ayer, el 11° Juzgado Civil de Santiago comunicó su sentencia, en la que condena a la Municipalidad de Recoleta a indemnizar con $210 millones a la familia.

Según el fallo, el municipio “no adoptó la medida de resguardo, protección y prevención necesarias” para evitar episodios de agresiones escolares, ya que la escuela no tenía asistente social ni psicólogos, equipo que había sido desvinculado el año anterior.

“La muerte (del niño) produjo en cada uno de los miembros de su familia efectos que han venido no solo a alterar el normal desarrollo de sus vidas, sino que ha producido un quiebre en la misma”, agrega el fallo.

El superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, dice que una de las obligaciones de los sostenedores, incluidos los municipales, es mantener la buena convivencia en los colegios, para lo cual “deben contar con herramientas, tales como, el reglamento interno, el cual debe incluir protocolos de actuación y estrategias de prevención, entre otros elementos”.

Por lo mismo, la superintendencia dictó el año pasado dos circulares “que imparten instrucciones sobre qué deben contener los reglamentos internos para los niveles de educación parvularia, básica y media, con el objetivo de acompañar y orientar a las comunidades educativas en las construcción de una educación de calidad”.

Pero el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), el alcalde Maximiliano Ríos, dice que el Estado también tiene responsabilidad en estos casos. “Esto tiene distintas razones, porque hay municipios que no tienen el personal necesario para tratar estos casos y los recursos son siempre insuficientes. Tiene que haber un plan conjunto con la superintendencia y los colegios para abordar estos temas”, plantea.

“Se requiere más compromiso y fiscalización, para reducir las posibilidades de que esto ocurra. Es imposible controlar todo lo que pasa en el establecimiento y no se puede dejar al municipio solo, porque administramos la educación con muy pocos recursos y escaso apoyo”, agrega.

Exclusión social

La muerte del niño se dio en un contexto trágico, pues si bien la justicia acreditó que vivió episodios de agresión escolar de parte del agresor, este último también vivía en un ambiente exclusión social: sus padres estaban en la cárcel y él vivía con su abuela, la que al momento de la agresión estaba internada en un hospital, por lo que el niño estaba a cargo de una tía.

El municipio afirmó que intervino en la situación, a solicitud del Tribunal de Familia, y que tres programas sociales buscaron resolver su situación psicosocial, familiar y terapéutico. Además, explica que ingresó tardíamente al colegio, en abril de ese año, y que presentaba “un trastorno de déficit atencional con hiperactividad diagnosticado y que importaba un tratamiento farmacológico, que se administraba directamente por el colegio”.

La indemnización de $210 millones que deberá pagar Recoleta es una de las más altas de las que se tenga registros para fallos similares. En 2015, se condenó a un colegio en Arica a pagar $50 millones a la familia de un niño que murió tras una pelea escolar.

Un caso similar ocurrió en 2012, en Valparaíso, donde se condenó a un colegio a pagar $50 millones a la familia de un escolar que murió, pero por el sobreesfuerzo al que se le sometió en una clase de educación física.

En 2015, la Corte Suprema ordenó a la Municipalidad de La Cisterna a pagar $24 millones a un estudiante y sus padres, por el bullying que vivió en un colegio de esa comuna. Y el año pasado, la justicia ordenó a un colegio a pagar $15 millones al padre de un estudiante que se suicidó en 2011 tras sufrir hostigamientos.

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