La clase de religión que llegó a la CIDH

La exmonja docente Sandra Pavez ofrece conferencia de prensa (46830913)

Sandra Pavez continuó como inspectora general del establecimiento escolar.

En 2007, la docente Sandra Pavez, del Liceo Cardenal Samoré, no pudo seguir dictando la asignatura debido a su orientación sexual. Hoy el caso avanza en la Corte de DD.HH.




"Hay un litigio internacional pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, por lo tanto, lo que corresponde es esperar cómo se resuelve y acatar el fallo una vez que este se dicte", afirmó ayer a La Tercera el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, respecto del caso de Sandra Pavez Pavez, quien se desempeñó hasta 2007 como profesora de religión del Liceo Cardenal Antonio Samoré, de la comuna de San Bernardo.

Para ejercer como profesora de religión, el Artículo 9 del Decreto 924 del Ministerio de Educación establece que la docente "deberá estar en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda, cuya validez durará mientras esta no lo revoque, y acreditar, además, los estudios realizados para servir dicho cargo".

Hasta entonces, a lo largo de 22 años de ejercicio docente, Pavez había recibido 12 certificados de este tipo. Según su relato, dicho año no se le extendió el documento y fue cesada en sus funciones, luego de que en la diócesis del lugar se supiera que era lesbiana y tenía pareja. Además, indicó que se le ofreció ayuda psicológica.

Pese a que recurrió a la Corte de Apelaciones de San Miguel y posteriormente a la Corte Suprema para revertir la decisión, se consideró que no había arbitrariedad o ilegalidad en un acto considerado por la propia legislación.

Por ello, y tras varios años de investigación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el reciente 11 de septiembre su caso pasó a ser revisado por la Corte Internacional de Derechos Humanos.

"Respecto del decreto en cuestión, está vigente desde 1983 y, al igual que el resto de la normativa, puede revisarse y asegurar la libertad de enseñanza, la libertad de credo y la no discriminación arbitraria", añadió el subsecretario Figueroa.

Consultado por este tema, el Obispado de San Bernardo declinó referirse al tema.

Actualmente, Sandra Pavez se encuentra con licencia médica y está cercana a jubilarse. Ayer, en conferencia de prensa, señaló estar "tranquila y emocionada, porque se avanza en justicia. Hace 12 años que me arrebataron la docencia, una profesión que ejercí por más de dos décadas. Confío en que la corte hará justicia con las sanciones".

En relación con la Iglesia Católica, expresó que "soy una mujer creyente y voy a morir creyendo en Dios".

"Sufrió mucho"

La alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas (UDI), conoce desde hace años a Pavez. Dijo que con el tiempo se le otorgó el cargo de inspectora general del colegio. "Ella ahora está muy contenta, pero sufrió mucho. Yo la conocí cuando estaba en la crisis, entendí su postura, conocí a su pareja y le dimos trabajo en un consultorio de la comuna".

Entre las recomendaciones de la CIDH está reincorporarla a su cargo, reparar tanto en el "aspecto material como inmaterial", y que el Estado disponga de mecanismos para que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones, por ejemplo, adecuar la normativa vigente.

Rolando Jiménez, vocero del Movilh, afirmó que el informe de la comisión "instala un principio de justicia". Añadió que "esperamos que la Corte Interamericana falle lo más rápido posible, sentenciando al Estado de Chile a reparar el daño hecho, ofrecer disculpas públicas y derogar el Decreto 924 del Ministerio de Educación".

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