A 196 países emitió una alerta roja la Policía de Investigaciones (PDI) para capturar a Osmar Alexander Ferrer Ramírez, sicario formalizado por el homicidio de José Reyes Ossa, comerciante conocido como el rey de Meiggs.

La notificación internacional se dio luego de que se conociera que Ferrer quedó en libertad a poco más de 24 horas de que se decretara su prisión preventiva. Todo esto, en medio de un bochornoso error que involucra al Poder Judicial y a Gendarmería.

El escándalo explotó el miércoles 9 de julio al término de la audiencia en la que la jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, dictó dicha medida cautelar en contra de tres imputados en el caso, entre los que se encontraba Ferrer.

Las tres resoluciones en cuestión

El ingreso del imputado a la cárcel Santiago 1, según informó el Poder Judicial, se firmó a las 20.17 horas de ese mismo miércoles. Sin embargo, tras alertar un problema con “la identificación del imputado”, ocho minutos después, a las 20.25, se firmó una nueva resolución que dejó sin efecto la primera.

Solo tres minutos más tarde, a las 20.28, el tribunal emitió un tercer documento. Esa resolución ahora venía sin errores en la identificación del imputado y ratificaba el ingreso del imputado a prisión preventiva. Este documento fue el que se imprimió y con el cual Gendarmería procedió, ese mismo miércoles, a ingresar al imputado al módulo de Santiago 1.

Gendarmería, por su parte, explicó que la primera orden, la que decretó su ingreso al penal, fue recibida por mano, impresa. La institución penitenciaria afirmó que al día siguiente, a las 12.11 horas, recibieron por medios electrónicos la orden de libertad, para posteriormente, a las 12.13 horas, recibir un nuevo mensaje electrónico en el que se indicaba el ingreso.

Lo que no fue advertido por los gendarmes es que ese correo que supuestamente anulaba la prisión preventiva era “la misma orden de ingreso que el día anterior recibió en papel” y que no venía con “ninguna instrucción distinta, alerta o rectificación de la orden anterior que establecía la libertad del imputado”.

Gendarmes consultados por este medio aseguran que toda esta situación se hubiese evitado si en lugar de anular la primera resolución, la jueza hubiese emitido una rectificación, lo que le permitía enmendar nombres, omisiones, entre otros.

En ese sentido, las mismas fuentes afirman que Gendarmería no tenía cómo saber que los distintos documentos que envió eran para corregir el primero. Todo este enredo derivó en que el recluso, que estuvo menos de 24 horas en el módulo 2 de la cárcel capitalina, quedara en libertad a las 20.40 horas del jueves 10 de julio.

Fiscalía activa diligencias

La investigación para determinar presuntas responsabilidades penales quedó a cargo del fiscal regional Occidente, Marcos Pastén. El persecutor señaló que “lo que hemos dispuesto es conformar una fuerza de tarea para la investigación de este grave hecho. Me refiero a la evasión del detenido. Es una situación que tenemos que vincular a los procesos administrativos desde el tribunal hacia Gendarmería, sin descartar ninguna hipótesis”.

En esa línea, durante la misma jornada y por orden del persecutor, la PDI realizó diligencias investigativas en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, específicamente llevando a cabo la incautación de computadores desde los cuales se hicieron las comunicaciones y teléfonos que podrían contener información.

Junto con eso, el fiscal Pastén señaló que también se tomó declaración “a las personas que aparecen involucradas en la cadena de comunicaciones que hubo entre el Poder Judicial y Gendarmería”. Fuentes consultadas por La Tercera explican que se trata de la magistrada Rodríguez, quien junto a otros dos funcionarios del tribunal declararon en calidad de testigos.

Misma situación enfrentaron los gendarmes de Santiago 1, quienes junto con entregar sus teléfonos también declararon ante los investigadores, según confirmó el prefecto inspector Mauricio Jorquera. Hasta ahora, la causa no figura con personas en calidad de imputadas.

Durante la tarde del martes hubo una diligencia que no pudo concretarse. A pesar de las peticiones realizadas por los equipos que participan de las pesquisas, la Corporación Administrativa del Poder Judicial se negó a entregar de manera voluntaria una copia de los servidores informáticos, lo que era considerado clave para conocer las comunicaciones que se produjeron entre el tribunal y Gendarmería.

Por lo mismo, los investigadores, según pudo conocer este medio, deberán tramitar una orden judicial ante el Séptimo Juzgado de Garantía para lograr la acción.

El golpe al sistema de justicia

A raíz de lo sucedido, según fuentes consultadas por La Tercera, la noche del lunes la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se contactó con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), y con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para reunirse y abordar la crisis. Aquello derivó en una reunión que se concretó a las 11 de la mañana de este martes en el Palacio de Tribunales.

Chevesich explicó que el motivo del encuentro fue “para abordar la situación concreta que ocurrió en este caso y también para evitar futuros hechos similares”. Por lo mismo, dijo que “se dispuso conformar una instancia técnica con el Ministerio de Justicia, el fiscal nacional y el Poder Judicial”. Luego aclaró que “hasta este momento, se han adoptado todas las medidas necesarias para evitar que ocurran estos hechos" y que más adelante se evalúa “marcar las causas que dicen relación con el crimen organizado”.

Por su parte, Gajardo señaló que lo sucedido “son hechos que no pueden ocurrir en nuestro sistema de justicia y por lo mismo tienen que investigarse y definir si hay faltas administrativas y eventualmente también si hay comisión de algún ilícito penal”.

Gajardo agregó que convocará “a una instancia de trabajo que nos permita enfrentar el desafío que es de comunicación entre los distintos órganos para que se tomen todas las medidas en los casos de crimen organizado y podamos tener mejores medidas de control”.

Se abren sumarios

Junto con la investigación penal, en la que se indagarán presuntos delitos, tanto el Poder Judicial como Gendarmería ya instruyeron una investigación administrativa para determinar qué ocurrió y qué falló aquel miércoles 9 de julio.

En el caso de la sede judicial, la Corte de Apelaciones de Santiago instruyó abrir un sumario administrativo en contra de la magistrada Rodríguez. La jueza, en conversación telefónica con 24 Horas, se defendió diciendo que “yo decidí que ingresaran los tres a prisión preventiva, di las órdenes respectivas, la audiencia está muy clara en lo que hice, y eso es lo que vale”.

“Yo decreté las tres prisiones preventivas, mandé las órdenes de ingreso esa misma tarde a Gendarmería. Lo demás hay que ver qué es lo que pasó, ya que es objeto de investigación. Pero las tres órdenes de ingreso a Santiago 1 después de la audiencia que hice fueron firmadas por mí y fueron remitidas a Gendarmería. Y se dejó constancia en la historia de la causa que la gendarme recibió las tres órdenes de ingreso correspondientes y se las llevó esa noche”, concluyó.

Gendarmería, por su parte, también determinó abrir una investigación interna para despejar qué ocurrió con las diferentes resoluciones firmadas por la jueza. Hasta ahora, fuentes conocedoras de lo ocurrido señalan que la institución no habría recibido la comunicación que dejaba sin efecto la liberación del imputado y que actuaron conforme a la ley y siguiendo lo dictado por el tribunal.

Pese a eso, aún queda por esclarecer qué fue lo que pasó con Gendarmería, determinar si recibieron la última resolución de la magistrada y quiénes fueron los gendarmes que impartieron la instrucción de dejar en libertad al imputado por homicidio.

A través de un comunicado, la institución penitenciaria aseguró que si bien no se han detectado problemas informáticos en sus sistemas, como se creyó en un comienzo, “dada la connotación y gravedad del hecho, se están recogiendo todos los antecedentes relacionados, a objeto de ponerlos a disposición del Ministerio Público y de las investigaciones internas que desde un primer momento desarrolla el servicio”.