Luego de intensas jornadas de deliberación, y tras una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada de este jueves, la Comisión para la Paz y el Entendimiento logró consensuar un conjunto de propuestas que serán presentadas formalmente al Presidente Gabriel Boric la próxima semana. Según detalló la comisionada y senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, a La Tercera, el informe final incluye tres capítulos que abarcan el diagnóstico territorial, el trabajo en terreno y un conjunto de medidas concretas para abordar el conflicto en la Macrozona Sur.

Entre las 22 propuestas elaboradas por la comisión, destacan la creación de un catastro digital de tierras —similar al que operan países como Canadá, Estados Unidos y Australia— y una reforma integral a la Ley Indígena, que permita un rediseño del mecanismo de restitución y compensación de tierras. Esta última, reconoce Aravena, requiere tramitación legislativa y es vista como un paso imprescindible para cerrar un proceso que se ha extendido por décadas.

“El cálculo que hoy se entrega es el más cercano a la realidad que se ha hecho hasta ahora. Se detalla lo que se ha entregado, lo que falta y lo que queda por entregar”, señaló la parlamentaria. Además, explicó que el documento contempla también una ley de reparación a víctimas de violencia en la Macrozona Sur, compuesta por más de 30 páginas y redactada por los equipos técnicos de la comisión.

Una de las propuestas más debatidas fue la creación de una Agencia Nacional de Tierras, que tendría como objetivo administrar hasta 240.000 hectáreas agrícolas como mecanismo de compensación. No obstante, Aravena enfatiza que se trata de un tope proyectado, no de una exigencia vinculante: “Es un objetivo, un deseo. Todo dependerá de lo que las comunidades definan libremente: si quieren compensaciones económicas u otro tipo de restituciones”.

La cifra de 240.000 hectáreas fue motivo de fricción, particularmente entre sectores de la oposición. Aunque Aravena asegura que el cálculo responde a un criterio técnico y que la cantidad real podría ser menor, ya que dependerá de la elección de las personas beneficiarias, quienes podrán optar entre tierras o compensaciones económicas. La comisionada destacó que todo es especulativo, pues no existe una obligación de entrega, sino un objetivo flexible que será determinado por las comunidades tras un posible cambio en la Ley Indígena.

De todas maneras, desde la comisión confirman que la cifra de las 240 mil hectáreas no fue incluida en el texto final.

No obstante, lo anterior no terminó de convencer al comisionado Sebastián Naveillan, quien se restó de aprobar el texto por ese punto en particular.

“El texto impulsado propone la entregar 240 mil hectáreas de tierras como reparación territorial. Se afirma que 100 mil hectáreas provendrían de terrenos fiscales, pero no hay ningún documento técnico ni registro oficial que lo respalde. Es más, existe una alta probabilidad de que esas tierras estén ubicadas en parques nacionales, zonas limítrofes con Argentina o sectores estratégicos, lo que representa un riesgo geopolítico”, dijo más tarde el también presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco.

A eso también expuso su preocupación al punto sobre la disponibilidad de tierras para reparación. Según el texto, la tierra disponible por provincia debe ser “suficiente” para que la mayoría de las comunidades puedan acceder a la reparación.

Naveillan advirtió que, en la práctica, impone una obligación directa al Estado: si no se cumple con esa suficiencia, se abre la puerta a demandas judiciales y posibles reclamaciones internacionales por no garantizar lo prometido. De esta manera, se generaría un derecho no declarado, pero exigible, lo que, en su opinión, perpetuaría el conflicto en lugar de ofrecer una solución definitiva.

Pese a las diferencias, Aravena sostiene que el informe cuenta con un respaldo “cercano al 90%” de los comisionados y, más importante aún, con la legitimidad de haber sido suscrito por un amplio espectro político.

“A diferencia de otras comisiones, esta tuvo el respaldo y la firma de prácticamente todo el abanico de partidos cuando se constituyó en junio de 2023”, subrayó.

Respecto a la implementación, miembros de la comisión indican que varias de las medidas podrían comenzar a ejecutarse de forma inmediata, sin necesidad de legislación. “El catastro público de tierras, por ejemplo, puede comenzar ahora si el Presidente lo decide”, afirma Aravena.

En cuanto al futuro del proceso, el documento estima un plazo de hasta 15 años para el cierre administrativo, contemplando la implementación de un tribunal de resolución de tierras y el funcionamiento pleno de la agencia de reparación.

Aravena desestima que esto perpetúe las demandas territoriales: “Nada puede ser perpetuo. Hay topes definidos tanto en hectáreas como en compensaciones”.