El mapa del caso de corrupción que remece al Poder Judicial

El caso de presunta corrupción instalado en la Corte de Apelaciones de Rancagua tuvo su origen, al menos públicamente, el año pasado. Esto, luego de que el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, presentara una denuncia en la Corte Suprema contra el ministro del tribunal de alzada de esa región, Emilio Elgueta.

Arias no se quedó ahí. Poco después, presentó una acción de similares características contra el juez Marcelo Vásquez.

La arremetida del fiscal complicó a la Corte Suprema y generó una crisis dentro del Poder Judicial, que en las últimas semanas ha debido salir en numerosas ocasiones a recalcar que no tolerarán ningún tipo de corrupción en sus filas.

A nivel interno, el pleno del máximo tribunal decidió abrir una investigación sumaria en contra de ambos jueces. Luego, la ministra instructora Rosa María Maggi amplió el proceso incorporando a un tercer ministro de Rancagua, Marcelo Albornoz.

A medida que avanzaron las diligencias de Maggi, el sumario escaló al punto de que en marzo dictó la mayor medida cautelar contra Elgueta y lo suspendió de sus funciones por un plazo de cuatro meses. Ese mismo día, el fiscal Sergio Moya anunció que formalizará al juez por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito.

La ministra decidió suspender también a Vásquez y Albornoz. A los tres jueces les levantó cargos por tráfico de influencias, los cuales apuntan a nombramientos irregulares y relaciones indebidas, que incluirían pagos de abogados litigantes en plena vista de sus causas.

Las irregularidades son de tal envergadura que el pleno de la Corte Suprema, en una sesión citada excepcionalmente para analizar este caso, decidió darle más facultades a Maggi y ampliar su sumario de forma extraordinaria a otros integrantes del Poder Judicial de O'Higgins.

Otra medida inédita se ha dictado por esta causa: el tribunal de alzada de Rancagua decidió paralizar siete casos que estaban en acuerdo, pidiendo a los abogados que volvieran a realizar sus alegatos.

Además de la investigación administrativa que lleva la Suprema, Elgueta y Vásquez son investigados por la Fiscalía de O'Higgins y la Metropolitana Sur. Por el momento se indaga a al menos 19 funcionarios del Poder Judicial que estarían involucrados en esta red.

La principal hebra de esta indagatoria es la de Elgueta. Al juez se le investiga haber nombrado en cerca de 10 ocasiones como asesora técnica a la hija del ministro Vásquez en diversos tribunales de la región. A esas gestiones se le suma favorecer a un médico, quien presuntamente era su amigo, condenado por tráfico de sicotrópicos, al levantarle la prohibición para recetar el medicamento fentermina.