Con el objetivo de verificar cómo está cumpliendo la Subsecretaría del Interior su rol en materia de migración, la Contraloría realizó una revisión a esta repartición, la que arrojó una serie de situaciones irregulares.

El estudio, que está en el informe N° 801/2017 del 24 de julio de 2018, reveló antecedentes poco conocidos en esta área. Por ejemplo, que el Estado cobra multas a los extranjeros que incumplan la Ley de Extranjería, dinero que después se utiliza para expulsar a migrantes infractores. Estos recursos quedan depositados en una cuenta del BancoEstado, que a diciembre de 2016 alcanzaban los $ 2.556 millones.

Justamente en este ítem, dice el documento, fue detectada una irregularidad. Al comparar el registro entre el dinero que ingresó al Estado por estas multas en 2016 y 2017 con los fondos que efectivamente entraron a la cuenta bancaria, se encontró un déficit superior a los $ 41 millones.

Para subsanar esto, señala la CGR, el gobierno deberá ejecutar la auditoría a la cuenta corriente, "determinando si la diferencia corresponde a la documentación que no ha remitido la Gobernación Provincial de Curicó", repartición donde se habría generado el descuadre financiero.

Sobre esto, el exjefe del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior (DEM) Rodrigo Sandoval señaló que "en mayo de 2017 se constataron ciertas inconsistencias contables en la gobernación que me indica (Curicó) y alcancé a instruir que se requiriera una aclaración de ese tema por parte de su gobernadora. Renuncié unas semanas después, razón por la que desconozco el resultado de esa indagación ni las medidas aplicadas".

La Contraloría, además, abarcó otras áreas. Así, se detectó "la ausencia de documentación soportante de la devolución de multas mal cobradas" por un poco más de $ 5 millones.

Asimismo, el ente contralor identificó adquisiciones de pasajes aéreos para trasladar a extranjeros desde regiones a Santiago, los que debían ser expulsados del territorio nacional. La Contraloría estableció que en la mayoría de los casos el proveedor fue Blanco Viajes Ltda., a pesar de que existía un acuerdo vigente con otra empresa aérea a través del convenio marco.

Sobre este punto, Sandoval señaló que "se instruyó proceder a ese pago por parte del subsecretario, a lo cual no me cabía hacer mayor cuestión, pues el reglamento le da a él la facultad de definir esa clase de pagos. Desconozco el modo en que se escogía la agencia, pues luego de la instrucción el rol del DEM pasó a ser más bien de registro de los pagos que la PDI solicitaba y que la subsecretaría financiaba, y no se nos dio ninguna incidencia en esta decisión".

Otro punto que identificó Contraloría fue que al comparar la información de la Subsecretaría del Interior con la del Registro Civil, entre 2015 y 2016, se constató que de un total de 375.986 cédulas de identidad entregadas a migrantes durante ese lapso, hay 10.408 que fueron concedidas y no están registradas en la base de datos del DEM. Esta situación, señala, "evidencia la ausencia de coordinación, interconexión de los sistemas y bases de datos de ambas instituciones".

Desde el DEM señalaron que "el informe de Contraloría hace referencia a las funciones institucionales en materia de migración durante el periodo 2016-2017. Lo que nos corresponde ahora, tras recibir el informe final, es trabajar en la implementación de las observaciones que contiene el documento, no obstante, muchas de ellas ya se encuentran en marcha con la gestión del nuevo DEM, que se inició durante la presente administración".