“Queremos saber exactamente cómo se acumuló esa deuda”. Con estas palabras, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, confirmó que se inició una auditoría de cuentas en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región Metropolitana.

El anuncio ocurrió luego de que el pasado jueves la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, advirtiera que su sector condicionará la tramitación de la Ley de Presupuesto del 2026 en el Congreso Nacional si es que no hay transparencia en las finanzas de la cartera, a raíz de una denuncia que hizo sobre deudas del ministerio con empresas proveedoras del Estado.

“Esto es una auditoría para estudiar las cuentas y ver cómo ocurrieron las cosas que ocurrieron. Eso es”, dijo Montes. Justamente el tema ha tenido enfrentados al oficialismo y a la oposición por la magnitud de las deudas. El gobierno ha salido a descartar que la mora asociada al Plan de Emergencia Habitacional sea de US$ 1.000 millones, como publicó el Diario Financiero, y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, apuntó que “la cifra real es menos de 1/9 de ese valor”.

Luego de que estallara el asunto, distintas empresas proveedoras agrupadas en la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social (ADVS), que reúne a 46 firmas, estimaron que el déficit presupuestario del Serviu Metropolitano para este año alcanzará los $ 312 mil millones. En esa entidad sostuvieron que para sus socios las deudas podrían llegar al millón de UF (unos $ 40 mil millones), por pagos de escrituras, terrenos o asistencia técnica.

Al ser requerido por este tema en La Moneda, Montes sostuvo que “una cosa son las deudas vencidas y otra cosa son las deudas que tiene cualquier proyecto. Si usted compra una casa a 20 años, el primer año le quedan 19. Entonces, cuando hablamos de deuda hay que precisar muy bien”.

Lo cierto es que durante el último tiempo el tema ha puesto en el foco de tensión a Montes. Desde la oposición, la UDI pidió su renuncia diciendo que su presencia “se ha vuelto absolutamente insostenible”, a lo que se suman también las críticas de los presidenciables al gobierno que acusan de dejar desfinanciada a la próxima administración que reemplace al Presidente Gabriel Boric.

En la Cámara de Diputadas y Diputados también ha surgido la opción de interpelar al propio Montes, quien además se encuentra desgastado por otros temas de su gestión como el “caso Convenios”, que partió por traspasos de una seremi de su cartera a una fundación, o polémicos desalojos de tomas, entre ellos el de la familia Correa en Quilpué, además de no haber logrado resolver la negociación por la megatoma de San Antonio.

Al ser consultado Montes si acaso las deudas van a quedar saldadas al término de la administración, el secretario de Estado recalcó que “esperamos que sí. Nosotros creemos que sí”.

Desde la bancada de RN ya habían pedido una “auditoría integral” al Minvu para conocer el detalle de los montos, a lo que se sumó la arremetida opositora de requerir oficios para obtener mayor información.

Desde el Minvu han salido a descartar que la deuda sea de esa magnitud y han recalcado que el Plan de Emergencia Habitacional sigue en marcha. También han aludido a problemas en general del sector de la construcción posterior a la pandemia del Covid-19. Además se ha recalcado que el ministerio ha estado en monitoreo sobre el estado de las deudas en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción. Desde esta última entidad han detallado que en algunos casos hay empresas que a las que se les adeuda pagos por más de 60 días.

Sin embargo, la tensión de Montes también ha tocado al propio oficialismo, donde parlamentarios como el senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) también han pedido al secretario de Estado que entregue explicaciones. En ese sentido, la auditoría podría descomprimir el ambiente.

La tensión se da en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto del 2026, en la que La Moneda ya confirmó que no dejará la denominada “glosa republicana”, que corresponde a montos de dineros de libre disposición para la próxima administración, la que, según las encuestas, podría estar a cargo de la oposición.

En ese sentido es que además el problema ha estado englobado en críticas al gasto público dentro del Estado, con otras polémicas como los casos de licencias médicas de funcionarios.

Con todo, en su punto de prensa en Palacio el ministro Montes no entregó más detalles acerca de la auditoría que encargarán.