El directorio de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) manifestó este sábado su inquietud frente al reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que gatilló la remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de la investigación del denominado caso ProCultura, causa que indaga presuntos delitos relacionados con el uso irregular de fondos públicos en convenios entre fundaciones y el Estado.

El gremio de persecutores criticó en particular algunos de los argumentos utilizados por la Corte de Apelaciones para justificar su resolución, señalando que se emitieron opiniones de “carácter político y no jurídico”.

Entre ellas, reprocharon la comparación del actuar del Ministerio Público con prácticas propias de la dictadura, calificándola como un “exceso” que no pueden pasar por alto.

“Esperamos de buena fe que la Excelentísima Sala Penal de la Corte Suprema pondere ese tipo de desafortunadas comparaciones que hizo una sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta”, sostuvo la Asociación en su declaración pública.

La ANF recalcó que el actuar de la Fiscalía “se ajusta a los principios de legalidad y objetividad propios de un Estado de Derecho”, y señalaron que las solicitudes de medidas intrusivas fueron presentadas ante los tribunales competentes, “respetando plenamente los derechos fundamentales de los ciudadanos involucrados” en las investigaciones penales.

Cabe señalar que el viernes de la semana pasada el fiscal Cooper fue apartado de la referida investigación por el fiscal nacional Ángel Valencia, luego de que la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acogiera un recurso de amparo presentado por la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, cuyo celular fue intervenido por la PDI luego de una solicitud del referido persecutor, y que entre las escuchas se incluyó una conversación con el Presidente Gabriel Boric.

Dicho tribunal de alzada, integrado por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y el fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada, resolvieron que las medidas intrusivas tenían el carácter de “ilegal, arbitrarias e infundadas”.

Tal decisión ha sido objeto de debate en el mundo jurídico, dado que marca un precedente poco habitual: la remoción de un fiscal a cargo de una causa emblemática por supuestos cuestionamientos a su desempeño.