Fue el 15 de julio cuando explotó el caso policial que provocó un remezón al interior del Poder Judicial y Gendarmería. Se trata de la liberación, hasta ahora sin explicación clara, de Alberto Carlos Mejía, uno de los imputados por el homicidio calificado de José Reyes, un comerciante del barrio Meiggs.

Sin embargo, la formalización de Mejía, que días antes era identificado como Osmar Ferrer, había ocurrido días antes, el 9 de julio, en una audiencia donde la jueza del 8° Juzgado de Garantía Irene Rodríguez ordenó la prisión preventiva del imputado de nacionalidad venezolana. De acuerdo a la Fiscalía Metropolitana Oriente, Mejía junto a otros dos imputados más actuaron motivados por el pago de cerca de $ 5 millones.

Tres días antes de que el dejara al descubierto una serie de errores bochornosos por parte del sistema penal, Mejía, hoy prófugo de la justicia y con alerta roja de detención de Interpol, ya había emprendido su huída.

Según fuentes de la investigación, el 12 de julio en horas de la noche, el sicario salió del país por un paso fronterizo no habilitado, en el sector de Chacalluta, Arica, con dirección a Perú. Se adelantaba así a la frenética búsqueda que ha estado realizando la policía tras el error de la jueza y los gendarmes.

La información fue confirmada este lunes pasado el mediodía por la Fiscalía Oriente, ente persecutor a cargo del caso. Según señalaron a través de un comunicado, se pudo determinar en la investigación encabezada por el fiscal Miguel Ángel Orellana, que Mejía dejó el país, lo que fue determinado “por el Departamento OS9 de Carabineros, tras indagar los movimientos del sujeto en las horas posteriores a su salida desde Santiago 1 el jueves 10 de julio”.

Millonario pago a un taxista

La cronología de los hechos es parte de las pistas que está siguiendo el Ministerio Público para dar con el paradero del sicario.

Por una parte, la Fiscalía Oriente investiga el sicariato y la búsqueda del imputado, mientras que la jurisdicción Occidente está concentrada en dilucidar qué pasó en su liberación. En esa última arista, el fiscal regional Marcos Pastén ya tomó el testimonio e incautó el teléfono de la propia jueza Rodríguez. Ese no ha sido el único testimonio ni el único aparato electrónico que los persecutores han incautado en el caso.

Otro antecedente que la Fiscalía está siguiendo, y que este medio pudo confirmar con fuentes de la causa, es que Mejía solicitó a un taxista de aplicación para que lo llevara hasta Iquique. Fueron más de 20 horas de viaje en auto desde Santiago a Iquique, desde donde luego se movilizó hasta Arica buscando cruzar frontera.

El sujeto pagó una suma cercana a los $ 2.5 millones con dinero en efectivo en momentos en que su rostro aún no era parte de los afiches policiales con la orden de captura. Posteriormente, el taxista, al ver estos afiches y que el caso aparecía en televisión, acudió por su cuenta ante las policías para entregar su versión.

Para los investigadores, Perú no sería necesariamente el destino de asentamiento de Mejía. Desde ahí, como han hecho otros fugitivos relacionados al Tren de Aragua, podría seguir subiendo para llegar a Colombia, Venezuela o incluso intentar llegar a Estados Unidos. Una de las preocupaciones de los investigadores es que el sujeto llegue a su país natal debido a que en esa nación, por un artículo de su Constitución, está prohibida la extradición de connacionales buscados por otros países.

La Fiscalía Oriente, sostuvo en su comunicado que “continúa con las diligencias para dar con el paradero del sujeto en el extranjero, y realizar las coordinaciones con los órganos internacionales que permitan su captura y extradición”.

Una ruta conocida

Sobre este tipo de escapes ya existen algunos antecedentes en casos que ha investigado el Ministerio Público y que están como precedentes sobre las rutas de escape de ciudadanos extranjeros y quienes son ligados al crimen organizado, como es el caso de Mejía.

Ejemplo de esa ruta conocida es lo ocurrido con los acusados del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda.

En ese caso, cinco de los imputados, todos venezolanos, huyeron presuntamente por Perú hacia diferentes países, como fue el caso de Luis “Gocho” Carrillo, quien fue detenido posteriormente en Colombia.

Mismo país en el que también cayó Carlos “Bobby” Gómez, uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile y Dayonis “Boti” Orozco, apresado en abril del año pasado en el país cafetero como imputado en el caso de Ojeda y de la muerte del funcionario de Carabineros Emmanuel Sánchez, asesinado en Quinta Normal en abril del 2024.

La misma ruta, pero con destinos más lejanos, siguieron otros imputados por el caso de Ojeda, como es el caso de Mickael Villegas, alias “Larry Changa”, quien fue detectado y detenido en Costa Rica, presuntamente con destino hacia Norteamérica. En Estado Unidos, se apresó a Rafael Gámez, alias “El Turko”.

Además del caso de Ojeda, existe precedente de otras causas judiciales en las que los imputados, extranjeros, en su gran mayoría, han sido detenidos ya sea en Perú o Colombia, ruta que -según los antecedentes- habría seguido el asesino del rey de Meiggs.