Una elaborada red delictual era la que operaba en Valdivia para la comercialización de recursos hidrobiológicos.

Fue en 2024 cuando el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) iniciaron una investigación contra una asociación criminal compuesta por tres estructuras organizadas dedicadas a la comercialización de productos del mar de origen ilícito, estableciendo además la existencia de delitos asociados como lavado de activos, falsificación de documentos públicos, infracciones a la Ley de Pesca, delitos contra la salud pública, cohecho y corrupción.

Este lunes la investigación tuvo un hito luego de que una Fuerza de Tarea de la PDI detuviera a 54 personas por estos delitos, entre ellos funcionarios públicos.

De acuerdo a quienes conocen de la causa, la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos constituye una de las actividades económicas ilícitas más lucrativas y dañinas para el país y genera importantes ganancias para organizaciones criminales.

En síntesis, los funcionarios públicos, que de momento no se ha detallado de qué institución son, facilitaban el traslado, protección y comercialización de los cargamentos ilegales. La organización operaba principalmente entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos, abasteciendo mercados y centros de distribución de alta demanda en distintas zonas del país.

Mediante un análisis financiero, la PDI detectó ingresos superiores a los $8.800 millones durante los años 2023 y 2024, de los cuales más de $8.260 millones corresponderían a recursos no declarados ante la autoridad tributaria. Con todo, la desbaratada banda fue incrementando su patrimonio.

Este lunes, en el marco de esta operación, se ejecutarán 61 entradas y registros en cinco regiones del país, donde además de las aprehensiones se incautaron vehículos, inmuebles, dinero y otros bienes.