En el caso de padres separados, el progenitor que no tiene el cuidado personal del menor debe aportar a su mantención a través de la pensión de alimentos. Un aporte económico mensual que tiene como objetivo cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación. Según la ley, el monto no va más allá del 50% del sueldo del progenitor que le corresponde pagarla.

En ese contexto, un equipo interdisciplinario de académicos UC, apoyados por su Centro de Políticas Públicas, identificaron dos problemas. El primero, y el que llega hasta la justicia, es el que muchos padres no cumplen con su responsabilidad. El segundo, que el monto entregado es insuficiente para cubrir las necesidades mínimas.

Leonardo Hernández, director alterno de ClapesUC y profesor de la Escuela de Administración de la misma casa de estudios, asegura que “en la práctica, para fijar las pensiones de alimentos, me llamó la atención que se pensara poco en las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, y más en la capacidad de pago del alimentante”.

Para las estimaciones, en el ítem de alimentación los expertos utilizaron las calorías necesarias considerando edad, género y al quintil al que pertenecen.

Por ejemplo, para un niño de 1 a 4 años, el monto alimentario mínimo mensual estimado oscila entre $ 56.096 y $ 74.017, dependiendo del quintil de ingresos de su familia. En el caso de las niñas del mismo rango etario, la cifra varía entre $ 67.641 y $ 76.102. Para un adolescente hombre de entre 15 y 18 años, el monto se ubica entre $ 142.731 y $ 176.170 mensuales, mientras que para una adolescente mujer de la misma edad fluctúa entre $ 108.467 y $ 132.741.

Eso sí, las necesidades básicas de los menores no son solo alimenticias, también tienen otros cuidados como vivienda y educación.

Por esa razón, los expertos también calcularon el costo de vida de los menores y así asegurar que la pensión se ajuste a sus necesidades.

Por ejemplo, para un niño de 1 a 4 años, el monto necesario varía entre $ 352.920 y $ 662.410 mensuales, dependiendo de si su familia pertenece al primer o al quinto quintil de ingresos. Para un adolescente hombre entre 15 y 18 años, las cifras suben significativamente, oscilando entre $ 412.420 y $ 739.189, con el mismo criterio.

Carolina Salinas, directora del Centro UC de la Familia, afirma que esta investigación es “un respaldo, por una parte, a quien lleva, a quien soporta la carga de satisfacer las necesidades de un niño o de un adolescente. Y, por la otra vereda, también termina con esa sensación de que ‘me están pidiendo una suma que es impresionante, ¿de dónde gasta tanto un niño?’. Este estudio puede demostrar que los niños sí gastan y gastan sumas que no son inventadas, no son irreales, no son para que la mamá se vaya a la peluquería, como muchas veces se sostiene".

La académica advierte que son realistas y afirman que es probable que, en muchos casos, lo que los niños necesitan para una adecuada sustentación no pueda ser cubierto por los padres, ni por el que vive con el niño ni por el otro.

En ese contexto, agrega que “lo que nosotros decimos es ‘este es un derecho del niño’. Su dignidad personal merece, en el fondo, tener lo suficiente para subsistir adecuadamente. Eso lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño y lo dice nuestra Ley de Garantías de Derechos de la Niñez. Entonces, lo que concluimos es que si no puede la familia, ¿quién tendría que garantizar ese derecho? El Estado".

Por eso, los investigadores sugieren garantizar esta pensión mínima hasta los 18 años de edad, lo que tendría un impacto fiscal estimado de cerca de $ 1.430 millones de dólares anuales para el Estado.

Sin embargo, los expertos enfatizan que esta propuesta no sólo es una solución económica, sino una inversión a largo plazo en el bienestar de la sociedad y una medida de justicia social en un país donde la pobreza afecta desproporcionadamente a los más jóvenes.

“Priorizar la sobrevivencia y el desarrollo digno de los niños dentro de las preocupaciones estatales es una señal importante que se les da a las familias, mostrándoles que no estarán solas en la tarea de criar y satisfacer las necesidades de los más pequeños”, agrega la académica.

Salinas también destaca que una mayor colaboración del Estado podría ser un aporte frente al escenario actual, marcado por una baja natalidad y las dificultades que enfrentan las familias para criar a un niño. En ese contexto, plantea que el Estado debería jugar un papel más activo para asegurar las necesidades de los menores y convertirse en un apoyo para revertir la baja natalidad.

De hecho, las cifras son alarmantes. En 1980, las mujeres en Chile tenían en promedio 2,74 hijos a lo largo de su vida fértil. En 2025, según las Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa global de fecundidad ha descendido a 1,16 hijos, manteniéndose por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2,1 hijos.