Uno de los principales factores que incide año a año en la elaboración del presupuesto fiscal para los siguientes 12 meses, es la ejecución de los recursos por parte de las entidades gubernamentales. La lógica suele ser la misma todos los años, ya que los equipos del Ministerio de Hacienda suelen castigar a quienes piden recursos, pero luego no los ejecutan. Este 2025 no será diferente y, de hecho, aquello sería uno de los elementos que incidirán al momento de que el gobierno haga los ajustes recortes fiscales que está obligado a hacer.

Dichos ajustes serán extendidos a distintas carteras y, por ahora, el Ejecutivo ya ha notificado que, al menos preliminarmente, afectarán a ciertos programas vinculados a la seguridad pública. Por eso resulta especialmente relevante que, a la fecha, existan programas de seguridad que no se están desarrollando, en términos presupuestarios, como deberían.

Uno de estos es el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado (PNCO), iniciativa que se creó en 2023 y que tiene por objetivo -entre otras cosas- disminuir el déficit tecnológico de las instituciones relacionadas a combatir la criminalidad organizada.

Según un reporte del centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD), el 2023 y 2024 solo se ha ejecutado el 48% del presupuesto del programa. Un dato que resulta clave mientras en paralelo la Dirección de Presupuestos (Dipres), encabezada por Javiera Martínez (FA), ya habría delineado ante los jefes de las carteras ministeriales las disminuciones que tendrían los programas, entre los que también se incluyen por el momento los de seguridad.

Si bien aún no se conocen mayores detalles -la ley de presupuesto debe presentarse a más tardar el 30 de septiembre- este martes el ministro de Seguridad, Luis Cordero, fue consultado al respecto. Sobre el PNCO, la autoridad de gobierno explicó que “es un programa presupuestario de transferencia de recursos que hace el ministerio a otras instituciones para poder comprar activos esencialmente. Es un plan bien esencial, pero las capacidades en materia de crimen organizado están en las instituciones”.

El bajo uso de los recursos

En sus casi tres años de operación, el PNCO ha realizado millonarias transferencias a instituciones como Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, entre otras, para la compra de vehículos, tecnología y hasta contratación de personal. A la policía uniformada, por ejemplo, solo en 2024 se le entregaron más de $ 25 mil millones.

En ese periodo, según el informe de LyD que considera el reporte presupuestario del gobierno al Congreso a través de la Dipres, ha ejecutado el 48% del presupuesto y solo ha logrado el 59% de sus compras.

LyD explica que estos bajos registros se deben a la insuficiente ejecución de parte de las policías, las que concentran el 80% de los recursos. Carabineros, en dos años, ha usado el 46% de los dineros destinados por esta política, mientras que la PDI, un 48%.

De esto también da cuenta un informe del propio gobierno enviado al Senado. En ese documento el Ejecutivo reporta que hasta septiembre de 2024, de los más de $ 75 mil millones que entregó el Ejecutivo a las diferentes instituciones, principalmente las policías, habían ejecutado sólo el 26,6%. Esta baja ejecución es considerada a la hora de estudiar cuántos recursos se van a entregar para que se usen el año siguiente.

A juicio del investigador de LyD Daniel Rebolledo, el PNCO es una política “mal diseñada, cuyos indicadores de resultados, según se puede apreciar en el documento que los detalla, no apuntan realmente al objetivo final que debiese tener una política de este tipo: el retroceso del crimen organizado en nuestro territorio”.

En esa línea, Rebolledo sostiene que las cifras “dan cuenta que el PNCO fue una herramienta improvisada, cuya finalidad real fue dar sustento a la petición de recursos adicionales solicitados”.

“Al revisar las compras que pudieron ser concretadas, que suman un total de 3.892 ítems, es posible constatar que existen más de 500 herramientas, vehículos o equipamientos que no han alcanzado su meta de uso. Es decir, fueron adquiridos y están en manos de las instituciones correspondientes, pero tienen un bajo o nulo nivel de utilización”, agrega el informe de LyD que sostiene que aquello se debería a problemas de gestión.

Las cifras del gobierno

Yendo más allá del PNCO, el último reporte de la Dipres expone que desde abril -el mes en que debutó el Ministerio de Seguridad- hasta julio de 2025, la repartición encabezada por Cordero ha ejecutado el 38,3% de su presupuesto. Esto incluye la ejecución del ministerio, la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD). Respecto de esto es relevante tener en cuenta que esta cartera se originó a partir del Ministerio del Interior.

Desde el Ministerio de Seguridad, sin embargo, aclaran que “la ejecución presupuestaria considerada desde el 1 de enero al 31 de julio del presente año, de los servicios que hoy componen el Ministerio de Seguridad Pública, supera el 53% en su conjunto”.

En términos de subsecretaría, la de Seguridad Pública a cargo de Rafael Collado, ha ejecutado el 16,3% de su erario fiscal del ministerio. De dicha repartición depende el PNCO y, hasta el mes reportado, se había transferido el 14,4% del dinero del plan a “otras entidades públicas”, mientras que a instituciones como Carabineros se han entregado cero pesos. Un caso diferente ocurre con los dineros que el gobierno transfirió al Ministerio Público respecto del Plan Calles sin Violencia. En ese programa, el Ejecutivo ya transfirió la totalidad de los recursos.

La Subsecretaría de Prevención del Delito, por su parte, tiene una mayor ejecución presupuestaria. La entidad encabezada por Carolina Leitao, hasta el mes analizado por la Dipres, ya ha utilizado el 30% de sus recursos en el Ministerio de Seguridad.

El Programa Lazos, plan vinculado a iniciativas de seguridad pública, registra una ejecución del 68,3%, mientras que otros programas, como el Sistema Municipal de Seguridad, asciende a un 22,2%.

A pesar de eso, hay otras iniciativas de la SPD que aún no alcanzan ni la mitad de la ejecución de su presupuesto, como es el caso del Somos Barrio Prioritario o el Programa Piloto Prevención de la Violencia.