En el Ministerio Público estaba proyectado concretar al menos una primera formalización de imputados ligados al caso ProCultura antes de fin de año. De hecho, así lo había comentado en entrevista con La Tercera el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. Sin embargo, con el correr de las semanas eso se fue diluyendo.

Lo anterior, comentan personeros desde el interior de la Fiscalía, no por falta de pruebas o de insumos necesarios para la imputación de cargos -principalmente en contra de la cúpula de la ONG encabezada por Alberto Larraín y algunos funcionarios públicos-, sino porque se han encontrado con una muralla que, aseguran, les ha costado traspasar.

Y es que a pesar que desde que se inició esta indagación diferentes juzgados de garantía del país le habían autorizado medidas intrusivas a los persecutores que han liderado las pesquisas, ahora -afirman altas fuentes del Ministerio Público- enfrentan un freno.

A modo de ejemplo, esos mismos personeros comentan que el Juzgado de Garantía de Antofagasta, desde julio de 2023, había autorizado diferentes diligencias, pero que ahora adoptó una posición contraria.

Entre los requerimientos visados, como se observa en el expediente judicial de la causa, el mencionado tribunal autorizó una orden de entrada y registro de las oficinas de ProCultura, el alzamiento del secreto bancario de diversos imputados, la interceptación de números telefónicos asociados a 17 imputados, que tres empresas de la Región Metropolitana entregaran información relacionada con la ONG y, entre otros, el allanamiento de 34 domicilios en diversas regiones.

Ahora, sin embargo, el escenario es distinto. Y es que recientemente enfrentaron un fuerte portazo al solicitar un nuevo alzamiento del secreto bancario de las cuentas de la fundación, de Agencia de Turismo Patrimonial y de sujetos ligados a la cúpula de la entidad. “Es como si quisieran que no continuemos indagando”, dice un alto funcionario de la Fiscalía.

¿Qué cambió? Según fuentes consultadas por este medio, que se oficializó la intención de los persecutores de formalizar al gobernador Claudio Orrego vía la petición de desafuero ingresada ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Tras ello, recalcan las mismas fuentes, ha sido una seguidilla de negativas.

Se rechazaron los diversos intentos para evitar que la arista de la causa en que está indagado el ex-DC se trasladara a Santiago -ayer descartó el último de ellos, correspondiente a un recurso de hecho por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta-, lo que retrasó la revisión del desafuero y ahora, además, se les negó la petición para ampliar la revisión de cuentas y así trazar la ruta de las platas.

En la Fiscalía reconocen que puede haber ciertas falencias en las presentaciones -como las relevadas por los dos últimos jueces que revisaron sus escritos-, pero insisten en que no se entiende cómo anteriormente se visaban requerimientos similares, incluso con menos antecedentes que los que se tiene hoy, y en un estado más primitivo de la indagatoria.

¿Red de protección?

Si bien las interrogantes en el Ministerio Público no se agotan, son cautos a la hora de evaluar los elementos que estarían incidiendo en esta determinación. Desde otra vereda, eso sí, el diputado Jaime Araya (ind. PPD) no titubeó y fue tajante en que se estaría enfrentando una red de protección.

“Aquí está pasando piolita el Poder Judicial (...) Recién pasó como nada que un juez de garantía le deja las manos amarradas al Ministerio Público para ir a perseguir a esos corruptos. Yo puedo hablar tranquilamente de que hay una red de protección respecto de ProCultura y me parece que esto está todo unido”, sostuvo el congresista en el programa Sin Filtros.

Consultado sobre lo mismo, el querellante que representa a diputados UDI en la causa, Pablo Toloza, aseguró: “Llama la atención que se haya negado lugar a una serie de diligencias que ha pedido el Ministerio Público. Se trata de diligencias que son necesarias en la investigación, que están fundamentadas y que, obviamente, nos parece que no hay argumentos reales para que sean negadas por el tribunal. Nos parece que no es procedente la negativa, son solicitudes que están justificadas, que son atingentes al proceso y que involucran a personas que están indagadas. Anteriormente el mismo tribunal les había dado lugar a requerimientos similares, a pesar de que eran más amplios”.

“Es evidente que esta causa, desde el momento en que el Ministerio Público solicitó el desafuero de Orrego, ha tenido un cambio en su tramitación. Antes de ese requerimiento todas las diligencias se habían otorgado. Es extraño el proceder del tribunal en esta situación. Por lo mismo, nos haremos parte como querellantes en todos los recursos que interponga la Fiscalía”, sentenció.

Sobre el mismo punto, Andrés Longton (RN), diputado que encabezó la comisión investigadora sobre ProCultura, sumó: “Es muy relevante que se ejecuten dichas diligencias intrusivas para seguir el camino del dinero de las fundaciones, y en este caso al parecer hay que acompañar formalmente más antecedentes que no me cabe duda la Fiscalía los tiene para poder justificar de manera más clara esta medida para que pueda ser otorgada lo antes posible”.

Por lo pronto, en el Ministerio Público evalúan acciones para reponer las solicitudes presentadas y acceder a la revisión de cuentas.