En Pudahuel no hay una oficina local de Fiscalía: el terremoto de 2010 la inhabilitó y nunca fue reparada. En Maipú, tampoco. Pese a ser la segunda comuna con más habitantes del país, los vecinos deben desplazarse a calle Bandera, en Santiago Centro, si quieren hacer seguimiento a un caso.

Esta es una de las razones que esgrime la Fiscalía Metropolitana Occidente para explicar por qué su tasa de condenas alcanzó apenas 7,75% de los casos el año 2018. El índice no es solo el menor entre las 19 fiscalías regionales a lo largo del país, sino el más bajo que registre una fiscalía en los últimos diez años.

En el equipo del fiscal José Luis Pérez Calaf explican que "nuestro contexto es que tenemos una gran dispersión geográfica, múltiples tribunales que atender y una objetivamente menor dotación de fiscales (60). La Fiscalía Occidente ha puesto el foco de su preocupación en los hechos de mayor gravedad, por sobre los delitos menores que se traducen únicamente en el pago de multas". Destacan su buen resultado en juicios orales, obtención de penas privativas de libertad y resultados en investigaciones por delitos no flagrantes.

En el otro extremo está la Fiscalía de Antofagasta, que lidera Alberto Ayala. Obtuvo que se dictaran condenas en 24,4% de los casos investigados. Allí hay 24 fiscales adjuntos para atender menos de la mitad de los casos que maneja la Fiscalía Occidente.

Los índices comparativos entre las distintas fiscalías están incluidos en el boletín estadístico anual publicado la semana pasada por el Ministerio Público, que señala el tipo de cierre que los fiscales dieron a 1.639.921 causas terminadas entre enero y diciembre del año pasado. A nivel nacional, el 40,37% de las investigaciones tuvo salida judicial. Ellas incluyen sentencias condenatorias (13,52%), absoluciones (1,55%), sobreseimiento (7,32%), suspensión condicional (5,97%), acuerdo reparatorio (2,38%) y facultad para no investigar (9,63%).

En tanto, el 59,63% de las causas tuvo salida no judicial, es decir, fueron archivadas (49,44%), o bien se aplicó decisión de no perseverar (3,88%), principio de oportunidad (5,89%) o incompetencia (0,41%).

Razones "económicas"

La cifra de archivos provisionales -cuando la fiscalía decide detener la investigación por no contar con antecedentes suficientes para esclarecer los hechos- bordea el 50% y es la más alta en una década.

A través de un cuestionario respondido por escrito, desde la Fiscalía Nacional explican que el archivo provisional "tiene una razón económica y de eficiencia, puesto que es imposible perseguir todos los delitos, ya que los recursos son limitados".

Esta determinación es aplicada cuando se establece la imposibilidad de identificar al imputado, porque las víctimas y testigos no aportan suficiente información, o cuando el parte policial no permite iniciar una investigación. En la Fiscalía Nacional subrayan que las cifras en torno a esta conclusión "se han mantenido más o menos estables. Registran un promedio de 46,84% en los últimos cinco años", lo que se sitúa dentro de los parámetros de los países desarrollados, argumentan.

"Lo que al Ministerio Público le interesa es mejorar la adopción de este tipo de términos con información completa y confiable. A partir de 2017 se inició un trabajo con las policías en relación con el desarrollo de las primeras diligencias y se ha puesto el esfuerzo en aumentar las cifras de contactos con la víctimas, para tener mayores antecedentes sobre si es procedente aplicar el archivo provisional", indican.

La mayor tasa de archivos la registra la Fiscalía Metropolitana Oriente, con 59,11% de causas concluidas bajo esta modalidad. Manuel Guerra, fiscal a cargo, explica que "es la más alta del país debido a que, lamentablemente, el porcentaje de denuncias con imputado desconocido es 66,25%, el más alto de Chile, lo que sin duda influye en los resultados".

"Es un tema complejo, ya que depende en gran medida del trabajo de las policías. Lo positivo es que si observamos los casos con imputado conocido, la Fiscalía Oriente logra un termino judicial muy por sobre las otras fiscalías metropolitanas. Mi meta personal es disminuir un 5% los archivos en 2019", plantea.

Otra cifra que batió un récord fue la que alcanzó la Decisión de No Perseverar (DNP), atribución discrecional que tienen los persecutores para cerrar una causa sin control de un juez. Este tipo de término ha aumentado progresivamente en los últimos años, desde 2,7% en 2008 a 3,88% en la actualidad. "Existen instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional, mediante oficios a todo el país, que buscan restringir la aplicación de la DNP", señalan en el equipo del fiscal nacional, Jorge Abbott.

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