TC declara admisible recurso de ex DINA que cuestiona Estatuto de Roma, pero no decreta suspensión del caso “Boinas Negras”

Foto: La Tercera.

La primera sala del organismo comunicó hoy la resolución tras el requerimiento presentado por el coronel (R) Jaime Lepe en la causa que investiga el ministro de fuero Mario Carroza sobre delitos de violaciones a los derechos humanos. La decisión fue dividida.




La primera sala del Tribunal Constitucional notificó hoy la resolución en que se declara admisible el requerimiento presentado por el coronel (R) Jaime Lepe, ex secretario de Augusto Pinochet, quien busca impugnar en esa sede su procesamiento en el caso “boinas negras” cuestionando las normas de presunción penal y la aplicación de convenios internacionales de delitos de lesa humanidad como el Estatuto de Roma.

Pese a que este medio había informado que junto con la admisibilidad, se había decretado la suspensión del proceso penal que tramita el juez Mario Carroza lo cierto es que no se paralizó el trámite, ya que tampoco fue solicitado por el defensor del militar retirado, Jorge Montero. La admisibilidad fue dividida, acogieron los ministros Juan Ignacio Vásquez, Iván Aróstica y Juan José Romero. Votaron en contra los ministros Rodrigo Pica y Pía Silva.

Tras notificarse la resolución que fue firmada ayer, durante el pleno del TC de hoy dos magistrados aludidos en la nota de La Tercera, Vásquez y Aróstica, manifestaron su molestia con la filtración errada de la resolución y leyeron una declaración pública que este medio reproduce íntegramente.

“Los magistrados constitucionales firmantes vienen en efectuar la siguiente declaración pública:

1º Ante recientes trascendidos efectuados por determinados medios de comunicación social, en relación a una decisión de mayoría adoptada en trámite de admisibilidad por la 1ª Sala (Rol 8872- INA), afirmamos categóricamente que dicha información carece de total veracidad, toda vez que al momento de emitirse la información aún no se había redactado resolución alguna y la parte requirente de inaplicabilidad no solicitó la suspensión de la causa, motivo por el cual la resolución de admisibilidad se adoptó sin suspensión, al contrario de lo informado por aquellos medios.

2º Lo anterior no tendría mayor importancia si no fuera porque corresponde a una práctica persistente de ciertos medios de comunicación, a veces por abyectas filtraciones desde el propio tribunal, que evidencia el deleznable propósito de tergiversar las resoluciones adoptadas por determinados ministros del Tribunal Constitucional, desprestigiar el ejercicio de nuestra función jurisdiccional, provocando con ello, la deslegitimación del propio Tribunal y la desinformación de la opinión pública. No puede resultar entonces, más contradictorio e hipócrita que, mientras se exige y demanda libertad de expresión y prensa, algunos medios y periodistas las utilicen como trincheras para censurar lo que les resulta contrario a sus personales posiciones políticas, faltando a los más básicos valores de objetividad, imparcialidad y veracidad.

3º Rechazamos enérgicamente toda presión o intimidación indebida amparada en noticias falsas o argucias comunicacionales, con lo que se pretende inhibir el ejercicio independiente e imparcial que exige nuestra función jurisdiccional, la que está destinada a garantizar a cualquier persona que lo requiera, una efectiva justicia constitucional y un debido proceso judicial, principios jurídicos que hemos respetado y aplicado siempre, en todas las causas, con especial celo y perseverancia, sin discriminación de ninguna clase.

4º Advertimos, finalmente, con especial preocupación, que estas tácticas sectarias y prácticas irresponsables de falseamiento y desinformación, sólo contribuyen a profundizar más la múltiple crisis que afecta a nuestra Patria, de lo que no está ajeno este Tribunal, generando grados crecientes de intolerancia que conducen a la libertad de prensa a transformarse en un mero instrumento útil no sólo para acabar con la libertad de pensar y de expresión, también con la independencia e imparcialidad de los magistrados constitucionales y judiciales en general”.

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