Caso Boinas Negras al TC: Vásquez, Aróstica y Romero suspenden causa a favor de ex DINA que pide inaplicabilidad del Estatuto de Roma

Los ministros de la Primera Sala del TC Juan Ignacio Vásquez, Iván Aróstica y Juan José Romero.

El coronel (R) Jaime Lepe, ex secretario general del Ejército, quien se encuentra procesado por violaciones a los Derechos Humanos, recurrió al organismo para impugnar las normas que a su juicio han permitido una "persecución política sistemática del Poder Judicial a los imputados ex - militares". La paralización del caso, que estaba ya para juicio, se da en un momento en que existe abierta una indagatoria penal por supuestos retrasos intencionales de este tipo de casos en el TC.




Mientras la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, realiza reservadas diligencias en el Tribunal Constitucional (TC) tras denuncias de presuntos actos de corrupción, la Primera Sala del organismo suspendió el caso “Boinas Negras”, una emblemática investigación por la muerte de siete soldados boinas negras en 1973. Esto, tras el requerimiento presentado por el ex agente de la DINA y ex secretario general del Ejército, el coronel (R) Jaime Lepe Orellana.

La decisión de suspender la tramitación del juez de fuero Mario Carroza, quien ya aprontaba la etapa de juicio del caso, fue dividida. Según la resolución, sólo tres de los cinco ministros estuvo por visar la tramitación de la acción constitucional en que se busca impugnar las normas de presunción en materia penal y se pide la inaplicabilidad de tratados internacionales de delitos de lesa humanidad. Por declarar admisible y paralizar el proceso penal estuvieron los ministros José Ignacio Vásquez, Iván Aróstica y Juan José Romero. Por rechazar, los jueces María Pía Silva y Rodrigo Pica.

En el requerimiento, Lepe -involucrado también en el crimen del diplomático español Carmelo Soria- apunta a una supuesta persecución de jueces a su persona y al resto de militares que obraron durante la dictadura. “La observación indica -en la persecución política sistemática del Poder Judicial a los imputados ex-militares-, que estas sentencias se sostienen esencialmente en hechos afirmados judicialmente a título de presunciones judiciales, pero otorgándoles efectos inconstitucionales al medio de prueba erigido por el legislador en garantía del procesado y que -en este caso- ya se aprecia en el procesamiento y la acusación”, sostiene en su escrito.

Pero lo que más ha llamado la atención al interior del TC es que se abrirá el debate, tras la admisibilidad, respecto a la inaplicabilidad del Estatuto de Roma, lo que para algunos de los jueces consultados es “un escándalo”. A eso se suma que las dos querellas presentadas en la causa que investiga la Fiscalía Centro Norte, la de la diputada del PC Carmen Hertz y su par Hugo Gutiérrez, apuntan a la instrumentalización del TC para que criminales de lesa humanidad “ganen tiempo” con causas que paralizan sus procesos penales ante la justicia, por lo que la resolución dictada ha generado ruido interno.

Al coronel (R) Lepe, integrante de la Brigada Mulchén, el juez Mario Carroza lo acusa por el asesinato de siete boinas negras que se negaron a participar del golpe militar de 1973. A juicio del exmilitar, dicho procesamiento sólo está en base a presunciones y, además, cuestiona la aplicación de tratados internacionales para juzgarlo, ya que retruca que cuando se cometieron los hechos, Chile no había suscrito esos convenios como el Estatuto de Roma.

“Ya hemos reiterado que no existía ese tipo penal en la ley chilena, que era la única aplicable conforme con lo que disponía la Constitución de 1925 y que, ahora, dispone la Constitución de 1980 y, además, destacando que tampoco estaba tipificado en la legislación internacional con los elementos de contexto que hoy se aplican en Chile. O sea, se ha ideado un mecanismo contra legem que burla la Constitución y sus principios acudiendo a una supuesta obligación meramente convencional del Estado de aplicar una norma consuetudinaria de derecho internacional relativa a la imprescriptibilidad”, dice Lepe en el requerimiento en que asegura que el Poder Judicial “está violando” sus derechos.

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