Durante la mañana de este miércoles, en Chile Vamos comenzó a circular el requerimiento de destitución contra el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, elaborado inicialmente por el Partido Republicano y que luego se ha ido discutiendo y complementando por la UDI y RN.

Pero el camino para concretar esta ofensiva jurídica está lejos de ser tranquilo. Un dato clave: al menos tres cores de las bancadas impulsoras -republicanos y la UDI- aseguraban que el requerimiento sería ingresado este martes. Sin embargo, eso no ocurrió.

El motivo de la postergación fue que tanto RN como la UDI realizaron observaciones al texto de 61 páginas que manejaban el abogado republicano Emiliano García y el jefe de bancada de esa colectividad, Ignacio Dulger.

Y es que tal como reconocen en las propias bancadas, aún no hay una versión definitiva del documento para concurrir al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y dar inicio formal al proceso contra Orrego.

Lo que sí hay son reparos técnicos al texto que acusa al gobernador de “notable abandono de deberes y faltas a la probidad”, según se detalla en el borrador al que tuvo acceso La Tercera.

Además, de acuerdo a ese documento, se fundamenta la acusación con el informe de Contraloría que apunta al presunto uso de coaching con fines electorales, las presuntas irregularidades detectadas en la Corporación del Gobierno Regional y sustenta que los informes tienen un fin probatorio irrefutable.

“Es necesario reseñar previamente los principales hallazgos de las auditorías de la Contraloría General de la República cuyas conclusiones sustentan esta solicitud de remoción. En los últimos meses han salido a la luz sendos Informes Finales de Auditoría emitidos por el órgano contralor, los cuales constatan graves faltas a la probidad en el uso de recursos del Gobierno Regional Metropolitano bajo la administración del gobernador Orrego”, se afirma.

El escrito también sostiene que “los hallazgos revelaron un grave descontrol financiero en dicha corporación. De forma destacada, se constató la aprobación de rendiciones de cuentas duplicadas y triplicadas por un monto total de $1.848.631.797, situación atribuida por la Contraloría a una falta de supervisión de las jefaturas, calificándola como un riesgo financiero grave que ameritaba la instrucción de un sumario administrativo”.

De igual forma, se agrega que “lo que emerge del conjunto de antecedentes es un patrón de conducta reiterada, sostenida en el tiempo y transversal a distintas áreas de la gestión del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Desde el abuso de tratos directos, pasando por la ejecución de convenios sin licitación con entidades vinculadas, hasta la validación de facturas falsas y la contratación de asesorías sin justificación técnica ni control institucional”.

La ruta de las versiones

Según transmiten en Chile Vamos, el borrador no llegó directamente desde republicanos a RN, sino que fue gestionado por el jefe de bancada de cores de la UDI, Álvaro Bellolio, quien lo remitió a los abogados Rodrigo Flores y Máximo Pavez, además de los respectivos secretarios generales de cada partido. Fue en esa instancia donde comenzaron las evaluaciones jurídicas.

Entre el martes y este miércoles por la mañana hicieron llegar un informe con sugerencias al documento original, que hoy circula entre las bancadas.

En ese análisis se advierten deficiencias significativas, entre ellas, una débil fundamentación jurídica y falta de sistematización entre los hechos expuestos y las normas que se estarían vulnerando.

El documento de RN, elaborado por Flores, sostiene que el requerimiento carece de una exposición sistemática y normativa del principio de probidad, lo que debilita el sustento legal de las imputaciones.

Asimismo, alerta que los antecedentes relatados no se vinculan suficientemente con normas específicas vulneradas, lo que dificulta que el Tricel los interprete como configurativos de una causal legal de remoción”

Finalmente, Flores advierte que el requerimiento no articula una narrativa jurídica coherente, que describe hechos, pero no los presenta como parte de una conducta estructural, sistemática y reiterada que refleje abandono de funciones y transgresión a la probidad. Esto, dice, podría dificultar su éxito procesal.

“Se sugiere incorporar en el documento una descripción más precisa y extensa del caso de la Fundación ProCultura, en donde se explicitan los vínculos contractuales, montos comprometidos, ausencia de fiscalización efectiva y efectos patrimoniales, permitiendo reforzar la causal de abandono de deberes”, sostiene.

Y agrega: “El documento no presenta aún una conceptualización detallada del principio de probidad administrativa. Se propone integrar su definición conforme a la ley y la jurisprudencia administrativa y judicial vigentes sobre la materia, a fin de fortalecer la argumentación de las conductas imputadas”.

Pese a las observaciones que hizo el abogado de RN, es un hecho que en ese partido no se sumarán a la ofensiva en el Tricel hasta el término de la comisión fiscalizadora del Gore, la que culmina el 4 de septiembre.

Pero no es solo RN la que tiene reparos. En la UDI también se están haciendo ajustes al texto. De hecho, según fuentes del proceso, los abogados intervinieron el documento original. Esa fue, justamente, una de las razones por las que la presentación ante el Tricel se aplazó.

Todo esto se da luego de una jornada previa marcada por un quiebre entre RN y la UDI. En un duro comunicado, los cores de Renovación Nacional acusaron marginación, falta de coordinación y sumisión de sus socios ante republicanos.

“Vemos con preocupación cómo nuestros aliados bailan al compás de la música que toca el PLR”, señalaron en el texto, cuestionando directamente al jefe de bancada de la UDI, Álvaro Bellolio.

Con un borrador aún en revisión y una narrativa jurídica por pulir, el requerimiento contra Orrego sigue sin fecha clara de presentación. En el sector se limitan a decir que “será pronto”.