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Una deuda mortal: la historia del homicidio que terminó con un sicario liberado

La liberación del venezolano Alberto Mejía es la punta del iceberg de un caso que partió como un crimen a sangre fría a plena luz del día. Mientras la Fiscalía indaga el homicidio, en paralelo avanza en esclarecer por qué se liberó a uno de los autores materiales. Para eso ya tiene como imputada a una funcionaria judicial.

LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

“Él siempre me decía que tenía puesta la vida en ese dinero”.

La frase es de Antonio González, amigo de infancia de Felipe Reyes -alias “el Rey de Meiggs”-, y hace referencia a la deuda que mantenía Wilson Verdugo con el fallecido comerciante. Un préstamo que era vital para sus ingresos mensuales. Todos los jueves o viernes recibía un sobre de Verdugo con $ 9 millones desde hace al menos tres años.

Los hechos anteriormente descritos son parte del corazón del caso que lleva adelante la Fiscalía y que ha generado una serie de escándalos en el sistema penal. Una causa que partió como un violento homicidio por encargo, pero que terminó con la liberación, por error, de uno de los sicarios, y que tiene a una jueza y gendarmes bajo investigación de la Fiscalía Occidente.

Pero toda esa secuencia de sucesos tiene el mismo origen: una deuda mortal. Para el Ministerio Público -que formalizó a Verdugo por los delitos de homicidio calificado, robo con intimidación y tenencia ilegal de munición- el imputado es quien está detrás del asesinato a sangre fría que se produjo el 19 de junio en Ñuñoa, a plena luz del día. Según la Fiscalía, ofreció $ 30 millones a tres sujetos venezolanos -mediante un intermediario- para matar a Reyes por una deuda que ascendía a $ 1.034.000.000 y 80 mil dólares.

Una de las labores que realizaba Reyes era ser prestamista informal a comerciantes, principalmente de Meiggs. Pese a que hay familiares de la víctima que niegan que se dedicara a esa labor, esto fue reconocido por la propia pareja del sujeto, Constanza Astorga.Mi pareja se dedicaba a prestar dinero a diferentes personas del sector central de la capital, realizando préstamos con intereses. Es así como ganaba mucho dinero”, dijo la mujer en su testimonio judicial.

Ese método llevó a que Reyes mantuviera en un cuaderno todos los montos y los nombres de quienes le debían. En ese cuaderno es donde aparece el locutor radial Francisco Kaminski, quien le quedó debiendo $ 45 millones por un préstamo destinado a un evento producido por el exrostro televisivo.

“Felipe se sentía dueño de todo o de varios negocios que tenía el Wilson por la suma de dinero que le adeudaba. Muchas veces me dijo: ‘Con toda la plata que tengo metida en el negocio, las huevadas son más mías que de él’”, dijo González ante los investigadores.

Kaminski explicó por qué no fue al funeral de su amigo.

Crimen por encargo

De acuerdo al Ministerio Público, Verdugo confeccionó un elaborado plan para concretar el crimen. Lo primero fue conectar con sicarios mediante un intermediario, un sujeto que el círculo cercano de la víctima detectó como ecuatoriano y con la chapa de “Lucas”. Luego, según el ente persecutor, el imputado debía cerciorarse de que Reyes estaría ahí. Para ello mandó el tradicional sobre con dinero.

Lo hizo temprano, a las 8.16 del 19 de junio, y luego se comunicó con él. Dos horas después llegaron los tres presuntos sicarios: Neomar Arismendi Duarte, Yonder Blanco Véliz y Alberto Carlos Mejía, este último el que fue liberado por error de gendarmes y jueces. Los tres se estacionaron en varios puntos cercanos al edificio de calle Quirihue para esperar la llegada de Reyes, quien venía de Valparaíso con la finalidad de recoger el dinero. Luego su idea era ir a la notaría a hacer un trámite por un departamento.

El móvil de la acción, a juicio de los fiscales Miguel Ángel Orellana y Marcelo Vargas, era la millonaria morosidad de Verdugo, que se suma a otros mil millones de pesos que debía según los registros comerciales. Sin embargo, para su abogado, el exfiscal Luis Inostroza, esto no es así, ya que el empresario contaba con solvencia para pagar, lo cual había estado haciendo semanalmente. Según Inostroza, le debía cerca de $ 110 millones y no más de mil millones.

Dicho dinero, que comenzó a traspasarse desde 2020, se fue acumulando en préstamos para financiar los insumos de sus negocios: las dos sucursales de La Vaquita Sabrosa -una en Providencia y otra en Recoleta- y sus tres carnicerías.

“No existe ninguna comunicación entre don Wilson y los venezolanos. No hay prueba directa. Lo que hay son solo indicios”, dice Inostroza a La Tercera. Esos indicios, afirma, son la declaración del imputado Yonder Blanco y el supuesto hecho de que el único que sabía que Reyes estaría ese día en Ñuñoa era él. Otro de los puntos que cuestionó Inostroza es que la Fiscalía nunca expresó de dónde provenían las millonarias cifras de Reyes. De hecho, “el Rey de Meiggs” no mantiene registros comerciales en el Diario Oficial, según pudo revisar este medio.

Tampoco está claro cómo funcionaban los intereses de los préstamos. En un punto de la audiencia de formalización del jueves se señaló un antecedente que puede dar luces. En otra deuda de $ 50 millones que mantenía Verdugo, que fue traspasada a un cercano de Reyes, se fijó un interés de $ 5 millones, vale decir, un 10%.

El juez del 8° Juzgado de Garantía Iván Olavarría consideró que la deuda “evidencia una situación de desesperación económica” de Verdugo y lo tornaba “especialmente peligroso”. Con esos argumentos lo dejó en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1, mismo recinto donde se encuentran los dos imputados venezolanos.

Mientras Verdugo pasa sus días en prisión preventiva, las policías y la Fiscalía siguen buscando a Mejía, el sicario que tiene una orden de captura internacional y quien logró salir del país de manera irregular hacia Perú. Según fuentes de este diario, en los últimos días fue detectado en Colombia. En paralelo, la Fiscalía Occidente avanza en su indagatoria para saber quiénes son los responsables de su liberación. Para eso investiga a al menos siete gendarmes y ya citó a declarar como imputada a una funcionaria judicial que estuvo involucrada.

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