El lunes el gobierno ingresó, a través del Senado, la reforma constitucional en materia de seguridad que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

La iniciativa, sin embargo, ha recibido reparos de diversos sectores, incluso del propio oficialismo. Entre las dudas se encuentran las modificaciones a la Carta Magna y las atribuciones que tendrían ciertos organismo con algunas medidas.

En ese marco, en diálogo con radio Agricultura, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la reforma y destacó que el proyecto toma algunos aspectos que el Ministerio Público ha manifestado con anterioridad que “resultaría necesario mejorar”.

Eso sí, planteó que “hay otros aspectos respecto a los cuales no nos han pedido opinión, por ejemplo respecto a la reforma constitucional”.

“Legalmente yo opino una vez al año, en la cuenta pública y cuando me cita el Congreso”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que “el Registro de Organizaciones Criminales para nosotros sería muy importante”.

Valencia advirtió que esta iniciativa la valora por “el fondo” del tema, evitando ahondar en “la técnica legislativa”.

En concreto, ese artículo de la reforma de seguridad propone crear un registro oficial de organizaciones criminales que funcionaría como un listado, el que el Presidente, previo un informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, propondría al Senado. De aprobarse la integración de una banda a este listado “producirá efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes”.

En ese marco, Valencia explicó que, actualmente “cada vez que tenemos un juicio en el que tenemos que probar la participación, la pertenencia de un sujeto a la asociación criminal, no solo (se pierde) tiempo, sino el riesgo de que (se caiga el caso)”.

“La idea de registros o decisiones que decretan la existencia de ciertos grupos criminales y que te eximen en consecuencia de la obligación de probarlos, agiliza o contribuye de manera significativa a la persecución de la delincuencia organizada”, aseguró.

La medida, sin embargo, ha recibido reparos de expertos respecto al mecanismo de implementación que está planteado.

Sobre ese punto, el fiscal nacional evitó ahondar.

“Entiendo que lo que dice el proyecto es que sea a propósito de una propuesta o previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional (...). A eso me refiero cuando digo: respecto a la técnica legislativa, preferiría dejar mi opinión para el caso que seamos citados al Congreso, respecto de si es o no la mejor forma de regularlo”.

“Lo que yo digo es la conveniencia del registro (...) el cómo se implementa es otro asunto, si me citan (al Congreso), podremos dar nuestra opinión”, sostuvo.