Este miércoles el fiscal nacional Ángel Valencia rindió cuenta pública de la gestión del Ministerio Público durante 2025, instancia en que resaltó hitos estratégicos, cifras históricas y avances concretos en la persecución del delito y la atención a víctimas.

Durante su exposición, realizada en el Auditorio de la Fiscalía Nacional y con la presencia del Presidente José Antonio Kast, el máximo persecutor destacó que el año pasado el sistema registró 1.917.477 denuncias, lo que representa un aumento del 15,8% respecto de 2024.

Asimismo, enfatizó que las fiscalías de la Región Metropolitana (Centro Norte, Occidente, Oriente y Sur), junto con Valparaíso y Biobío, concentraron el 60,5% de los ingresos.

En cuanto a la tipología de delitos, se observó un incremento del 15,2%, impulsado principalmente por el uso malicioso de tarjetas y dispositivos financieros, que aumentó en más de 200 mil casos, con un alza del 205,6%.

También se registraron incrementos en delitos vinculados al sistema penitenciario y en fenómenos asociados al crimen organizado, incluyendo un aumento del 52,4% en asociaciones ilícitas. De hecho, en ese apartado fue claro en que “necesitamos un nuevo sistema penitenciario para los líderes del crimen organizado, de control, segregación y aislamiento de los líderes del crimen organizado. De otro modo, vamos a volver a colapsar nuestro sistema penitenciario”.

Durante el periodo, como destacó Valencia, el total de imputados creció un 15%, aunque un 67,7% de los casos corresponde a imputados desconocidos, fenómeno asociado principalmente a delitos financieros. En contraste, indicó, se registraron disminuciones en delitos como robos no violentos, incendios y robos con intimidación.

Nueva era

Aunque Valencia se detuvo en detallar la evolución que han tenido distintos delitos, uno de los énfasis más marcados de su discurso estuvo en relevar que la institución está entrando en una nueva etapa. En medio de su gestión se han introducido modificaciones importantes que han generado nuevas lógicas de trabajo.

“Este ejercicio no es solo una rendición de cuentas. Es, ante todo, la expresión de un cambio de etapa. Transitamos desde una fase de instalación hacia una de consolidación y proyección, en la que los resultados concretos, la claridad del mensaje y la capacidad de respuesta frente a los desafíos del país se transforman en el eje de nuestra acción", manifestó.

En el mismo sentido, destacó que “desde el inicio de este mandato asumimos un compromiso claro, orientar la acción del Ministerio Público en función de una persecución penal estratégica, sabiendo que no bastaba con investigar mucho, sino que había que investigar mejor. Hoy, ese compromiso se expresa en resultados, en decisiones institucionales concretas y en una nueva forma de enfrentar fenómenos criminales que han evolucionado en complejidad, violencia y capacidad de organización". Acto seguido, subrayó que esos lineamientos que expresó desde su postulación no se alteran con el cambio de autoridades en el Ejecutivo.

Así, Valencia fue claro en que seguirá en la senda de “rediseñar la orgánica del Ministerio Público, con el objetivo de enfrentar estos fenómenos de manera más estratégica, coordinada y con una gobernanza institucional adecuada a los desafíos actuales", ya que, como explicó, las estructuras de antaño ya no son aptas para indagar los delitos que hoy van al alza. Junto con eso, agradeció la aprobación de la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial y la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, ya que ambas normativas han permitido reestructurar el trabajo de los persecutores que lidera.

”Hoy iniciamos una nueva etapa. Una etapa en la que la Fiscalía Supraterritorial y el fortalecimiento institucional no son sólo reformas legales, sino el punto de partida de una nueva forma de persecución penal. Una etapa en la que la experiencia acumulada se transforma en capacidad de respuesta. Una etapa en la que debemos trabajar unidos y donde reafirmamos nuestra total colaboración, insisto, para trabajar con todas las instituciones del Estado para hacer frente a los desafíos. Una etapa en la que el compromiso de nuestros equipos se traduce en resultados concretos. Y una etapa en la que reafirmamos, con convicción, el rol del Ministerio Público como un actor central en la protección de la democracia, el resguardo del Estado de derecho y la seguridad de todas las personas", dijo Valencia.

Presupuesto

Considerando que por estos días se definen eventuales recortes en los presupuestos, el fiscal nacional también abordó el punto, recordando que “tal como otros organismos constitucionales autónomos, el presupuesto se define por ley. En consecuencia, como se define por ley, no es posible reducirlo mediante decreto supremo. El Congreso Nacional es quien decide ese marco presupuestario".

“Nosotros hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda porque entendemos las restricciones que pueden existir en materia presupuestaria (...) En ese sentido el Ejecutivo ha asegurado que vamos a tener los medios necesarios para nuestro funcionamiento. Hasta el momento, no ha habido ningún recorte formal”, comentó.

Eso sí, aclaró que han tenido conversaciones para buscar mayores eficiencias y así hacer algunos ajustes. “Pero, en principio, el mensaje ha sido siempre que el Ministerio Público va a contar con los recursos y los medios necesarios”, insistió.

Código de ética

El fiscal Valencia, por otro lado, realizó algunos anuncios de medidas que espera implementar en el corto plazo y propuestas de modificaciones legislativas para facilitar el trabajo de persecución penal.

La autoridad explicó que la Fiscalía Nacional ha tenido un rol activo en la tramitación legislativa del proyecto orientado a fortalecer la protección de antecedentes en procesos penales.

“Próximamente, se publicará el Código de Ética institucional, que establecerá principios y valores que guiarán el actuar de fiscales y funcionarios, un hito relevante para el fortalecimiento de la probidad y la ética pública”, comentó.

El jefe del Ministerio Público planteó que este instrumento establece un “marco claro de principios y estándares que orientan el actuar de fiscales y funcionarios, reforzando la integridad y contribuyendo a fortalecer la confianza en la función pública”.

Propuestas

En cuanto a propuestas, manifestó la necesidad de una regla especial de determinación de pena para los delitos cometidos en establecimientos educacionales con armas blancas o de fuego.

“Teniendo en consideración el proyecto de ley presentado por el gobierno, y dado que como Ministerio Público, efectivamente, consideramos de la mayor gravedad los ilícitos cometidos en dichos recintos, en especial mediante la utilización de armas”, dijo.

En esa línea, señaló que “siempre teniendo en especial consideración el Estatuto Jurídico Adolescente”, se hace “pertinente incorporar una regla que permita aumentar la pena de los delitos cometidos en establecimientos educacionales o en sus inmediaciones mediante el uso de cualquier tipo de arma cortante o punzante y/o elementos regulados por la Ley 17.798″.

En cuanto al crimen organizado, reiteró un planteamiento de su anterior cuenta anual y sostuvo que es “imprescindible impulsar una reforma legislativa que permita modernizar y fortalecer la capacidad del Estado para identificar, incautar, administrar y ejecutar el dinero y los bienes obtenidos ilícitamente”.

Igualmente, pidió ajustes en una serie de aspectos para lograr mayor eficiencia del proceso penal y en particular, a la realización de audiencias más expeditas. Porque como recalcó, “justicia demorada es justicia denegada”.

Entre esos puntos, mencionó la necesidad de que pese al fuero que puedan tener ciertas autoridades, no se impida la persecución conjunta con imputados no aforados vía fijación de plazos; que exista posibilidad de establecer audiencias de coordinación previa para acelerar juicios; que se permita el juzgamiento en ausencia del imputado cuando el acusado ha sido válida y personalmente notificado; que se fijen mecanismos de concentración de audiencias o validez progresiva de la declaración de la víctima en causas con multiplicidad de imputados; entre otras.