Cifras preocupantes presentó el reciente Diagnóstico Anual sobre la Situación de Derechos de la Niñez y Adolescencia 2026 de la Defensoría de la Niñez. El informe revela -entre otras cosas- que los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas aumentaron en un 137%, las víctimas de violencia sexual crecieron en un 46,4%, y más de 41 mil niños se encuentran en lista de espera para programas de protección especializada.

El estudio se dio a conocer a solo días de que el Ministerio de Hacienda le solicitara a todos los organismos dependientes del gobierno central recortar en un 3% sus presupuestos 2026.

En ese escenario, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que las cifras observadas en el informe del organismo “y las medidas para poder superar esas cifras requieren una inversión importante de recursos. Entonces, una disminución de recursos evidentemente da cuenta de una regresividad de las políticas públicas por parte del Estado“.

“El análisis que hacemos desde la Defensoría de la Niñez tiene que ver con cómo, con estos recortes que ya se han materializado y en aquellos recortes que se proyectan para los años venideros (…) se cumple con los estándares que están en la Ley de Garantías y Protección Integral", sostuvo.

En concreto, el Ministerio de Desarrollo Social efectuará un recorte de 2,24% en su presupuesto. Desde la cartera señalaron que la reducción “se focaliza en programas con baja ejecución histórica, sobreasignación de recursos o debilidades de diseño, y no considera reducciones en beneficios ni coberturas”.

De acuerdo a Quesille, dentro de ese ministerio “la subsecretaría que sufrió mayor recorte fue la Subsecretaría de la Niñez. Y eso da cuenta de la falta del ejercicio para analizar si estas medidas son progresivas o regresivas. Claramente hay un problema de progresividad y regresividad“, indicó.

El defensor aseguró que “estamos frente a un escenario que es preocupante y como Defensoría de la Niñez tenemos que manifestarlo porque no podemos dar señales de regresividad, no en beneficios, sino en derechos“.

En ese sentido, señaló que “si faltan recursos para garantizar derechos que están consagrados por la Ley de Garantía, evidentemente estamos frente a una política que puede ser de carácter regresivo”.

En consecuencia, anunció que ayer miércoles ofició a la Dirección de Presupuestos (Dipres) “y también a las 76 instituciones, entre servicios públicos y ministerios, precisamente para preguntarles qué servicios se van a ver afectados”.

Junto con ello, Quesille solicitó que se informe qué están haciendo estos organismos “para asegurar que la política presupuestaria de cada institución sea consistente con el principio de prioridad presupuestaria y con el principio de progresividad y no regresividad, que es un mandato legal”.

“No es un análisis ideológico, político, científico, estamos pidiendo como Defensoría de la Niñez que se cumpla con la ley, porque es una obligación a la que está llamada el Estado”, aseveró.