La abogada constitucionalista Verónica Undurraga realizó una serie de advertencias sobre el nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública planteado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, como parte de la reforma a la Carta Fundamental ingresada al Senado.

En conversación con el pódcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera y conducido por las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, la expresidenta de la Comisión Experta del segundo proceso constituyente valoró que la iniciativa haya abierto una discusión incluso dentro del oficialismo.

“Me parece un proyecto peligroso que me alegra que esté generando debate dentro de las fuerzas del oficialismo, porque creo que merece que haya esta conversación pública”, afirmó.

En esa línea, Undurraga también abordó el borrador de la iniciativa conocido antes de su ingreso al Congreso, al que calificó como “extremadamente preocupante” por aspectos que finalmente no quedaron contenidos en el texto presentado.

Según explicó, le llamó particularmente la atención que en esa versión se cuestionara el equilibrio establecido por el Tribunal Constitucional entre la protección de la seguridad pública y los derechos individuales, proponiendo como respuesta una modificación a la Carta Magna.

Respecto del mensaje presidencial que finalmente ingresó al Senado, la constitucionalista sostuvo que el nuevo estado de excepción “es amplio y en algunos casos vago”.

Las facultades del Presidente

Uno de sus principales reparos apunta a las atribuciones que tendría el Presidente de la República y al período durante el cual podría mantenerse la excepcionalidad sin autorización del Congreso, que alcanzaría hasta 240 días.

“Hay un total desequilibrio. Nosotros teníamos un sistema de estados de excepción constitucional que iban de lo más leve a lo más grave y aquí, lo que se está haciendo es dándole una libertad al Presidente, que es mucho más amplia que incluso la que se daba en los más leves, pero con la posibilidad de suspender o restringir derechos, de cuando había guerra externa”, afirmó.

Undurraga también calificó como “muy grave” la posibilidad de interceptar documentos y comunicaciones. Según explicó, actualmente esa facultad existe bajo el estado de asamblea, pero con intervención del Congreso.

“Aquí se está haciendo con una causal que está expresada de una manera un poco vaga”, sostuvo sobre el riesgo para la seguridad pública que permitiría decretar la nueva excepcionalidad.

A su juicio, “eso prende una alerta, que el Presidente de la República pueda establecer por su propia decisión, sin opinión del Congreso, un estado de excepción constitucional basado en una causal que es difícil de determinar cuándo se ha cumplido, es muy complicado”.

Libertad personal

La abogada también puso el foco en la posibilidad de suspender o restringir la libertad personal, explicando que esta comprende la libertad ambulatoria y la protección frente a detenciones sin orden judicial.

En ese escenario, sostuvo que una persona podría ser detenida “por orden presidencial”, a través del oficial general designado durante la vigencia del estado de excepción y sin los controles habituales para una aprehensión.

Consultada sobre si la suspensión de la libertad personal podría derivar en que personas fueran exiliadas o relegadas a lugares lejanos, Undurraga respondió: “Yo creo que sí, no veo dónde están los límites para poder contestar que no”.

Finalmente, calificó como “muy complejo” el mecanismo contemplado para declarar organizaciones terroristas, cuestionando que una determinación de esa naturaleza salga del ámbito judicial.

“Eso lo hacen los tribunales de justicia”, afirmó. A su juicio, en la fórmula propuesta “básicamente es una decisión del Presidente de la República”, con el contrapeso de que el Senado deberá aceptarla o rechazarla dentro de cinco días.

En ese sentido, sostuvo que el mandatario que recurra a esa herramienta “le traspasa todo el costo político al Senado”.