A través de una carta, diferentes organizaciones ligadas la inclusión de personas en situación de discapacidad pidieron tramitar con premura el proyecto que busca resguardar y proteger la participación de las personas en situación de discapacidad en el proceso constituyente.

Según explicaron en un comunicado, en julio se aprobó en general el proyecto de ley que busca que el 10% de los cupos en las candidaturas sean reservados para personas en situación de discapacidad, “pero a menos de tres meses del plebiscito, hito que marca el inicio del proceso constituyente, los escaños reservados para este grupo aún no están asegurados”.

“El proceso constituyente es una oportunidad histórica para pensar en el Chile que queremos. Por eso se debe garantizar la participación de personas que han sido siempre excluidas, como son las personas en situación de discapacidad”, afirma Pablo Selles, uno de los coordinadores de este proceso a través de la plataforma “La Voz Propia”.

“Una nueva constitución, para que sea legítima tiene que ser un fiel reflejo de la diversidad de nuestro país, todos nos tenemos que sentir representados por esta nueva carta magna”, dice Soledad Álamos, directora de la Fundación Filip, otra de las firmantes. “Nuestra constitución dice que todos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. Sin embargo, tenemos que pedir no ser excluidos del proceso”, afirma Irma Iglesias, presidenta de la fundación Down 21.

Según explicaron las organizaciones firmantes, hoy el proyecto se encuentra en su segundo trámite a la espera que se presenten indicaciones por parte de senadores y senadoras, plazo que expiraba este 30 de julio pero se ha ampliado hasta el 13 de agosto. Una vez ingresadas las modificaciones, será votado en la Comisión de Constitución del Senado y posteriormente en sala, para luego ser despachado a la Cámara de Diputados y Diputadas.

“Es urgente que se apruebe el 10% de cupos reservados para las candidaturas con discapacidad a la convención constituyente”, cierra Selles.

Este es el texto íntegro de la carta:

Sra. Adriana Muñoz, presidenta del Senado

Sr. Alfonso de Urresti, presidente de Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Presentes:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de recalcar la importancia de legislar sobre el 10% de las candidaturas para Personas con Discapacidad (PcD) y el derecho para garantizar su participación efectiva en el proceso constituyente.

Este grupo de la población que representa al 16,7% del país, es un sector invisibilizado y que concentra varios niveles de precariedad. Este alto porcentaje da cuenta de la transversalidad del fenómeno de la discapacidad en Chile, afectando sin distinción etaria, geográfica y de clase social. La diversidad que podemos encontrar en la demografía de las PcD pone en evidencia la necesidad de que su inclusión en el proceso constituyente se haga de manera integral y con los resguardos correspondientes para su efectividad considerando lo segregado que ha estado este grupo de la actividad política de manera histórica. Recordemos también que la discapacidad es una condición extendida en la sociedad y que aumenta la posibilidad de requerir apoyo mientras se envejece. Chile, entre otras cosas, por su acelerado tasa de envejecimiento poblacional debe considerar prioritaria esta temática.

La discapacidad, debe ser posicionada como un tema político ya que la inclusión total y plena de estas personas en la sociedad, genera un enriquecimiento positivo en la manera de ejercer y comprender los procesos electorales, legislativos y constitucionales. El proceso constituyente se instala como una oportunidad histórica para que la redacción de un nuevo documento, de verdad signifique no sólo la reconocimiento de las PcD, sino también su integración e inclusión coherente con el país que se espera construir. El derecho de participación en la vida pública y política debe ser garantizado en igualdad de condiciones. La promoción de la participación política de las PcD es defendible no sólo desde un punto de vista ético entendiendo la importancia de generar condiciones para que todas las personas puedan ser actores protagónicos del proceso constituyente, sino que la contribución que realizan las personas en situación de discapacidad es cualitativamente significativa, ya que su perspectiva contribuye a la elaboración de un marco político social inclusivo para todos, incluyendo a las personas que no tienen discapacidad.

Cabe destacar también que con el surgimiento de cabildos y asambleas territoriales, las PcD y sus organizaciones sociales no solo se interesaron por el proceso instaurando temas y necesidades que parecieran tocarlos solo a ellos (transporte gratuito y accesible en todo el país; ley de cuidadores con derechos laborales y accesibilidad universal), sino que también formularon puntos y petitorios con temáticas transversales para toda la ciudadanía como lo es garantizar la entrega de ayudas técnicas por parte del Estado, a través de la salud y la educación y equiparar el régimen de pensiones.

Se solicita expresamente darle una pronta tramitación al proyecto, acorde a la urgencia que tiene el tema para su aprobación. Nos ponemos a disposición para reunirnos con la Comisión y participar en todas las instancias de trabajo para plantear lo que aquí señalamos, así como también para colaborar en lo que pueda derivar de ello. Es esta la oportunidad de integrar basalmente a las personas con discapacidad, asegurando así que ellos como sujetos humanos se vean por fin reflejados en el entramado social de nuestro país.

De antemano por su consideración, muchas gracias.