La bancada de diputados de Renovación Nacional anunció la presentación este miércoles en el Congreso de una iniciativa de convivencia escolar que recoge elementos de la iniciativa Aula Segura y que busca responder a los casos de violencia que se han constatado en espacios educativos y su entorno este año.

Se trata de una acción de la bancada RN, impulsada por los integrantes de la Comisión de Educación, Sara Concha, Hugo Rey y además José Miguel Castro.

“Los últimos casos de acoso escolar son atroces: en Antofagasta un niño amenazado por sus compañeros de ser lanzado por el tercer piso, en Valparaíso a otro lo amarraron para quitarle las pestañas, y las últimas amenazas de masacres en los establecimientos, nos obligan a poner un freno y buscar herramientas para frenar esta pandemia de violencia. (...) Por eso hemos impulsado esta iniciativa - que además- nos invitan a reflexionar sobre las responsabilidades de todos en esta problemática. No podemos mirar para el lado, debemos velar por espacios de tranquilidad para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Estamos fallando como sociedad, como padres, como profesores, y estamos conscientes que por muchas leyes que impulsemos, lo importante es el compromiso de todos es fundamental para salir de esta problemática”, expresó José Miguel Castro.

Tras una serie de dificultades en su tramitación e intensas negociaciones entre el gobierno y la oposición, y luego de ser visada por el Tribunal Constitucional, la Ley Aula Segura fue promulgada en diciembre de 2018 por el entonces Presidente Sebastián Piñera, aumentando las atribuciones de directores de colegios ante hechos violentos al interior de establecimientos educacionales.

La ley sanciona actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que ocasione daños a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de ésta, o de terceros que se encuentren en dependencias de los establecimientos. Los hechos de violencia pueden ser agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, agresiones sexuales o actos que atenten contra la infraestructura. Los establecimientos educacionales subvencionados por el Estado contaron con un plazo de tres meses para actualizar sus reglamentos tras la publicación del texto en el Diario Oficial.

Propuesta de RN

La iniciativa de los diputados RN busca mantener normas referidas al reglamento de convivencia escolar contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998 y complementadas por la Ley Aula Segura, incorporando conductas al catálogo de aquellas consideradas especialmente graves para la convivencia escolar.

Concretamente se explicitan entre ellas las referidas a amenazas y a la divulgación de imágenes íntimas de miembros de la comunidad educacional, disponiendo que se considere al momento de determinar la sanción si la amenaza produjo paralización total o parcial de las actividades educativas.

Asimismo, la propuesta es enfática en señalar que el director del establecimiento educacional deberá siempre iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

Si la conducta revistiere caracteres de delito, el director del establecimiento estará obligado a deducir la respectiva denuncia de conformidad al artículo 175 del Código Procesal Penal, y su omisión constituirá falta grave, sin perjuicio de las sanciones dispuestas en el artículo 177 del Código Procesal Penal.

La propuesta además suprime el artículo 2º de la Ley Aula Segura, por el cual se hace extensivo el deber de reglamento interno de convivencia a aquellos colegios que no perciben subvención del Estado.

En cuanto a la convivencia escolar, se establece que la omisión en la adopción de las medidas medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias dispuestas en el reglamento interno será siempre sancionada como infracción menos grave, con multas que van desde 51 a 500 UTM. Asimismo, se explicita dentro de las conductas que afectan gravemente la convivencia escolar el acoso escolar.

Finalmente, se establece un régimen transitorio en el que los establecimientos educacionales deberán actualizar sus reglamentos internos para adecuarlos a los preceptos de la norma en un plazo de sesenta días a partir de su publicación. El incumplimiento de lo anterior será sancionado por la Superintendencia de Educación como infracción menos grave, esto es, con una multa de 51 a 500 UTM.

Emplazamiento al gobierno

“Necesitamos un sistema que permita que los establecimientos estén libres de armas, libres de objetos que puedan dañar al otro, pero para eso, debemos trabajar en prevenir y no esperar que las cosas pasen para actuar. (...) El gobierno debe hacerse cargo, el ministro de Educación debe dar la cara y entregar respuestas claras que edifiquen”, sostuvo Sara Concha, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara.

Desde el Ejecutivo la situación ha sido abordada en reuniones de distintas carteras con la Asociación Chilena de Municipalidades y la Defensoría de la Niñez, además de otras entidades.

La semana pasada, el ministro Marco Antonio Ávila informó que la Superintendencia de Educación registraba durante el año aproximadamente 1.500 denuncias, de las cuales el “30% tiene que ver con situaciones de violencia”, algo que explicó como un resultado del encierro tras dos años de pandemia. “La vuelta abrupta a la presencialidad durante ocho horas, jornada escolar completa, lo que provocó fue un estallido de violencia”, reconoció la autoridad.