Luego de semanas en la cuerda floja y la necesidad de una sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó este martes en general, por 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones, el proyecto de ley que prohíbe las carreras de galgos en todo el país, con el fin de proteger a los perros de esta raza de los abusos a los que son sometidos en el marco de esta práctica.

Esta aprobación marca un punto de inflexión, pero no el final del camino, pues aún quedan etapas legislativas. Ahora la iniciativa volverá a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso para ser discutida en particular nuevamente por el ingreso de indicaciones, para luego retornar a la Sala de la Cámara a una nueva votación y, de ser aprobado, pasar a segundo trámite constitucional en el Senado.

El diputado independiente Sebastián Videla y quien promovió el proyecto que busca terminar con estas carreras, asevera que “como bancada liberal vamos a defender esta iniciativa en cada una de esas etapas, con convicción, responsabilidad y poniendo siempre el bienestar animal en el centro”.

¿Cuándo seguirá la discusión? Es una pregunta que aún no tiene respuesta, ya que será la Comisión de Medio Ambiente la que deberá definir cuándo retomar su discusión. El plazo dependerá, además, de cuánto se extienda el debate en la instancia.

El parlamentario también añade que “esta iniciativa busca prohibir las carreras de perros, y establecer sanciones para quienes las organicen o desarrollen. Pero esto va mucho más allá de una modificación legal. Se trata del tipo de país que queremos construir: un Chile con más empatía, más respeto y mayor conciencia sobre el trato que damos a los animales”.

Detalle del proyecto

La iniciativa abarca mucho más que solo los galgos, pues el proyecto añade el artículo 11 bis a la Ley N° 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía y propone prohibir “toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional”.

La realización de las carreras, al potencialmente estar prohibidas, tiene implicancias legales: el texto establece que quienes organicen o participen en estas actividades serán sancionados con presidio menor en su grado medio, una multa de 20 a 40 UTM -aproximadamente entre $1.380.000 y $2.760.000- y la inhabilidad absoluta y perpetua para tener animales.

Por otro lado, quienes promuevan, faciliten o difundan estas actividades por cualquier medio serán sancionados con una multa de 5 a 20 UTM, es decir, aproximadamente entre $345.000 y $1.380.000 pesos chilenos.

Raúl Orellana, abogado de la clínica jurídica U. Central, explica que “en términos generales, podemos decir que, de aprobarse el proyecto de ley, esta actividad va a pasar a ser prohibida y, por lo tanto, van a ser perseguidos quienes la organizan, que van a tener el deber legal de cesar en dichas actividades”.

“Esto es un gran golpe para ellos y también es un gran triunfo para quienes están por el respeto de los derechos de los animales, porque las actividades deportivas de animales en general traen asociados actos de entrenamiento, que no necesariamente son maltrato, pero que en la práctica hemos visto que se acercan bastante en algunas industrias, especialmente en las no reguladas”, agrega.

El académico también aclara que, de aprobarse la norma, el sistema judicial tendría que adaptarse y destinar recursos a la persecución de este tipo de conductas. Al tratarse de un delito, la investigación quedaría principalmente en manos del Ministerio Público y las policías, mientras que las labores de prevención corresponderían principalmente a Carabineros.

En cuanto a la investigación y las pruebas, se mantendrían las exigencias generales del sistema penal chileno. Es decir, deberían reunirse antecedentes suficientes para acreditar, más allá de toda duda razonable, la organización o participación en este tipo de carreras.

La abogada penalista y académica de la Facultad de Derecho de la Usach, Camila Leyton, explica que de aprobarse ocurría algo similar a lo que ocurre la “con la Ley Cholito. Cualquier persona que presencie actos de maltrato animal puede denunciarlos y el Ministerio Público estará obligado a investigar los mismos. De la misma manera, si uno hace la denuncia entre canineros, también por cualquier ilícito comprendido en la Ley Cholito o cualquier otro, los funcionarios policiales deben tomar detenido a alguien o tomar los resguardos correspondientes establecidos en la legislación chilena”.