DE ACUERDO con información recabada por el diario Pulso, el INE ha desembolsado del orden de mil millones de pesos en campañas publicitarias relacionadas con el Censo que se llevará a cabo en el mes de abril. Aunque dichas adjudicaciones fueron asignadas mediante concursos públicos, resultó llamativo que la que acaparó el mayor número de contratos fuera la agencia Porta, entre cuyos socios figura el abogado Juan Pablo Hermosilla. Dicho profesional fue abogado personal de la Presidenta de la República en la querella que la mandataria interpuso en contra de revista Qué Pasa -medio que pertenece a Copesa, al igual que La Tercera-, acción que finalmente fue retirada por su total falta de sustento jurídico. También presidió -bajo este gobierno- la comisión asesora presidencial para reformular la legislación antiterrorista.

No parece haber antecedentes que desde un punto de vista legal permitan invalidar estas licitaciones, pues formalmente habrían cumplido con todos los requisitos que exige la ley. Sin embargo, un tema de naturaleza distinta es si en la celebración de estos contratos se configura un conflicto de interés, habida cuenta de la cercana relación entre el abogado y el gobierno. La respuesta la dio el propio periodista Fernando Paulsen, el ex socio del abogado Hermosilla y quien acaba de renunciar a dicha oficina precisamente por el conflicto de interés que representaba el hecho de que la mandataria fuera cliente del estudio jurídico. Las suspicacias que se han generado en las licitaciones del Censo se ven amplificadas por el hecho de que el abogado Hermosilla defendió ad honorem a la Presidenta, lo que de suyo resultaba un hecho anómalo.

No parece razonable que el Ministerio de Economía busque desestimar las críticas una vez conocidas estas revelaciones, argumentando que las licitaciones se ajustaron a la ley, pues además de haber un conflicto de interés, también debe considerarse que en estos procesos de adjudicación suele haber espacios de discrecionalidad, pues se aprecian y ponderan diversos elementos. Es evidente que al confluir en la misma persona intereses cruzados en relación con el Estado, la independencia del proceso corre el riesgo de verse empañada. De allí que resulta incompatible que aquellas personas que mantengan vínculos estrechos con el gobierno -en especial con la propia Jefa de Estado-, participen a su vez en operaciones comerciales con el mismo Estado, atendiendo a un elemental principio de probidad y transparencia.