Los integrante del desmovilizado grupo guerrillero M-19 de Colombia podrían ser investigados nuevamente por la toma del Palacio de Justicia ocurrida en 1985 y que terminó con más de cien muertos, informó hoy la página electrónica del diario El Espectador. Según la versión, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó devolver la actuación al Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá, que había cesado el procedimiento en contra de los ex guerrilleros, entre ellos el actual gobernador de Nariño (frontera con Ecuador), Antonio Navarro Wolf.

"El Tribunal consideró que al haberse constituido como un delito en contra de la humanidad tiene un carácter de imprescriptibilidad que concede el Estatuto de Roma, del cual el Estado colombiano es firmante", dice el Espectador.

Además de Navarro, también vincula a otros dirigentes del M-19, entre ellos la ex congresista Vera Grave, así como el político Rosemberg Pabón, Otty Patiño, Ever Bustamante y Gerardo Ardila.

Por su lado, la página electrónica del diario El Tiempo, de Bogotá, señala que pese a la amnistía, avalada en su momento por el Congreso de la República, uno de los expedientes en contra del M-19 seguía vigente por una formalidad judicial.

Ese proceso es el que podría llevar a que ex jefes de esa guerrilla sean investigados por la toma, perpetrada por un comando que entró a sangre y fuego al Palacio de Justicia.

La Fiscalía reabrió en el 2005 el caso y procesó a los principales mandos del Ejército que estuvieron al frente de la recuperación del Palacio, entre ellos el coronel Alfonso Plazas Vega, que fue condenado por la desaparición de varios empleados de la cafetería.

Entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, durante la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), el M-19 asaltó el Palacio de Justicia, situado en el centro de Bogotá, ataque que fue repelido por el Ejército.

La sede judicial se incendió y durante el ataque y la respuesta militar murieron casi cien personas, incluyendo once magistrados de la Corte Suprema de Justicia.