En Argentina, como es un Estado federal, existen dos niveles referidos a las fuerzas policiales: las de jurisdicción federal (entre los que se cuentan la Policía Federal, la Agencia Federal de Investigación y Seguridad Interior, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria) y las pertenecientes a cada una de las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal.

Son estos últimos cuerpos policiales los que han dejado sus funciones y han salido a las calles a protestar en demanda de mejoras salariales. Esas policías dependen de sus provincias, tanto en autoridad como en cuestiones de presupuesto y financiamiento. Esas fuerzas son responsables por el mantenimiento del orden público y la prevención del delito dentro de sus respectivas jurisdicciones, al igual que la Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires es responsable de las funciones policíacas en la capital. Cuando se producen delitos de tipo federal, las policías provinciales y de la ciudad de Buenos Aires cooperan con las fuerzas federales de seguridad.

Sin duda, la fuerza policial no federal más relevante en Argentina es la Policía de la provincia de Buenos Aires, más conocida como "la bonaerense", que cuenta con casi 50.000 efectivos. Está a cargo de parte de la seguridad del presidente de la nación (la residencia oficial, la Quinta Presidencial de Olivos, está en esa provincia), del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y de todos aquellos dignatarios y altos funcionarios extranjeros que visiten esta región. Otro factor importante en la policía de la provincia de Buenos Aires es la gran extensión territorial y demográfica que cubre. En los últimos años, agentes de las fuerzas provinciales y federales han sido vinculados a delitos, como sobornos, trata de personas, robo de vehículos, además de recibir acusaciones de exceso de violencia e incluso de asesinar a otros policías. En 2011, 145 personas fueron asesinadas por policías. Sin ir más lejos, en septiembre pasado fue detenido en Córdoba, la provincia donde comenzaron las protestas policiales, el jefe antidrogas local junto a otras siete personas más, todos acusados por tener vínculos con el narcotráfico, algo que ya sucedió en Santa Fe en 2012.