EN EL ULTIMO tiempo ha existido una discusión relativa a la propuesta que las autoridades están impulsando, tendiente a que los supermercados y almacenes de barrio comercialicen medicamentos OTC (de venta libre o sin receta). Por esta vía, se argumenta que al entrar nuevos actores, aumentarían los niveles de competencia en el mercado farmacéutico y, como consecuencia, esto llevaría tanto a un aumento en la cobertura como a una reducción en el precio de los mismos.

Ante este loable objetivo cabe preguntarse si la solución que se está planteando sería la más eficaz. Me encuentro realizando un estudio para uno de los actores involucrados en este tema y he advertido que la tendencia mundial es la contraria a la propuesta. En relación con la cobertura, las estadísticas muestran un crecimiento de 12% real compuesto anual llegando, al 2010, a 1.800 farmacias (66% cadenas y 34% el resto). Si bien hoy hay cerca de 50 comunas en el país que no tienen farmacias, mayoritariamente comunas de menos de 5.000 habitantes, éstas disponen de ellas a pocos kilómetros en comunas aledañas.

De acuerdo a IMS Health (consultora líder en este tema), Chile tiene, después de Uruguay, los precios más bajos de Latinoamérica, con un valor promedio de US$ 4,4 la caja. Hay que destacar que un 36% de las unidades vendidas en Chile son genéricos (precio promedio              US$ 0,71), un 44% son similares (laboratorios nacionales, precio promedio US$4,95) y un 20% de productos de marca (laboratorios extranjeros, precio promedio US$8,57)

En cuanto a la eficacia de la medida propuesta, existe un claro riesgo sanitario, asociado a un consumo desinformado y una asimetría de regulación. Hoy, a las farmacias se les exige la presencia del químico farmacéutico en todo el horario de funcionamiento del local, mantenimiento de la cadena de frío, temperatura adecuada para el almacenamiento, espacio físico y un mix de productos (control del petitorio mínimo de medicamentos). Si bien no serán los mismos requisitos, en la propuesta gubernamental se exigiría, entre otras cosas, que cada punto de venta cuente con un práctico de farmacia.

Si actualmente es difícil fiscalizar, es impensable hacerlo de buena manera, sumando 1.000 puntos de venta (cifra estimada de almacenes de barrio y cadenas de supermercado) a los 1.800 que ya existen.

Argentina, en 1991, aprobó la venta libre de los OTC y el efecto quedó a la vista: 100.000 internaciones al año por uso indiscriminado de fármacos, 22% causando la muerte, y su consumo per cápita de psicofármacos es el doble que en Chile (mayoritariamente de venta libre), 12% de las consultas en hospitales se deben a la automedicación, generando un gasto extra de US$ 430 millones al año. Como resultado, a fines de 2009 se reversó la medida y hoy sólo se vende en farmacias.

En conclusión, pareciera ser prudente debatir con mayor profundidad el delicado tema de la venta de medicamentos y, de paso, el real nivel de competencia de la industria farmacéutica, para lo cual el Congreso podría ser una buena instancia. Lo que está en juego, en definitiva, es la salud de los chilenos y no vaya a ser que el remedio salga más caro que la enfermedad.