Una de las críticas que se hicieron a la gestión de salud durante 2015, año en que la ministra de la cartera, Carmen Castillo, fue interpelada por el Poder Legislativo, fue la baja ejecución presupuestaria: hasta noviembre de ese período se había ejecutado el 39,4% de los recursos aprobados para el sector. Sin embargo, en diciembre la cifra se elevó a 91%, lo que evidenciaba una ejecución del 51,6% de los recursos en un solo mes.

Esa situación generó diversos cuestionamientos, que llevaron a los parlamentarios de oposición Nicolás Monckeberg, Javier Macaya, Karla Rubilar y Germán Becker a solicitar a la Contraloría General una auditoría de la ejecución presupuestaria de este ministerio.

Específicamente, se pidió revisar los gastos en los subtítulos 29 y 31, relacionados con la adquisición de activos no financieros y las iniciativas de inversión, respectivamente.

Esta semana, La Tercera accedió al contenido de aquel informe. Y los hallazgos de Contraloría apuntan a una serie de eventuales irregularidades en nueve de los 29 servicios de salud que hay en Chile.

Se trata del Servicio de Salud de Antofagasta, Valparaíso - San Antonio, Concepción, Arauco, Araucanía Sur, Osorno, Chiloé, Metropolitano Central y Metropolitano Occidente, que fueron elegidos por el órgano contralor, dado que mostraron una ejecución presupuestaria en diciembre superior al 70% para el subtítulo 31 y superior al 90% para el 29. Otras de las razones para su elección fue que los parlamentarios los mencionaron al momento de solicitar la auditoría o que la propia Contraloría consideró que concentraban mayor cantidad de población a nivel nacional. La revisión incluyó, además, al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Gestión

Las auditorías constataron que los servicios de salud de Antofagasta, Valparaíso-San Antonio, Concepción, Arauco, Araucanía Sur, Metropolitano Central y Metropolitano Occidente, "devengaron de forma improcedente la suma total de $39.555 millones, cifra que representa un 65,33% del total del presupuesto ejecutado por esos servicios...".

Según el mismo documento, la improcedencia es que, de ese total, $ 35.887 millones corresponderían a anticipos de contratos de obras y equipamiento, que fue registrado en el ítem "iniciativa de inversión", cuando debían ser registrados a otros ítemes.

De los $ 3.668 millones restantes , el informe indica que corresponden a operaciones como ejecución de contratos de obras, consultorías, adquisición de equipos y la compra de un terreno, "respecto de las cuales el 31 de diciembre de 2015 no constaba la existencia de los avances de las obras que avalaran dichos egresos, no se habían entregado los productos requeridos de las consultorías y no habían sido recepcionados los equipos adquiridos".

Según el detalle del informe, y tras revisar inventarios de algunos hospitales, se encontraron irregularidades como que había bienes adquiridos con cargo al presupuesto de 2015 que no fueron hallados en la fiscalización, o que se encontraban en las bodegas del proveedor. En el escrito también se indicó que "los bienes estaban en sus embalajes, sin uso y sin emitir la respectiva acta de recepción conforme".

Específicamente, en los hospitales de Temuco y Talagante, se constató que había "bienes que no estaban en funcionamiento, debido a que no contaban con la infraestructura necesaria para su instalación". Eso, además de adquisiciones que no estaban siendo utilizadas por falta de personal calificado o de instalaciones adecuadas .

En otro apartado se hace mención a que los Servicios de Salud de Antofagasta y el Metropolitano Central concentraron contrataciones con trato directo durante el mes de diciembre. En el primero, 103 de 409 acciones fueron realizadas ese mes, mientras que en el segundo 79 de 83 totales en el año.

El informe, además, cuestiona la eventual sobre compra, recepción y uso de bienes adquiridos por los servicios de salud. Uno de esos casos se dio en el Servicio Metropolitano Central, que, según dice el informe, adquirió en diciembre de 2015 bienes clínicos en el marco de la construcción del Edificio Monseñor Valech, en la ex Posta Central, el cual tenía fecha de término de obra para junio de 2017. La Contraloría, tras su auditoría, instruyó procesos administrativos, los que están en curso, así como el reintegro de dineros en algunos casos.

Reacciones

El diputado (RN) Nicolás Monckeberg indicó que "el informe arroja demasiadas irregularidades graves en nueve Servicios de Salud del país, los cuales generaron un grave perjuicio al Fisco y que demuestran la irresponsabilidad con que han sido administrados por este Gobierno. Citaremos a la ministra a la Comisión de Salud de la Cámara para informar respecto de estos hechos".

En tanto, Javier Macaya (UDI) calificó dichas irregularidades como "graves y no descartamos que esto pueda derivar en una investigación en el Ministerio Público, porque acá no sólo es mala gestión. Hay situaciones que rayan en la sospecha de que pueda haber otro tipo de situaciones. Y eso es lo que vamos a revisar".

Respecto de los hallazgos en Fonasa, que habría omitido cobros de multas por atrasos en entrega de proyectos y que habría pagado en exceso $ 3 millones a una empresa de tecnología, desde el seguro indicaron que ellos fueron restituidos y que, revisados los antecedentes aportados por la firma, esta fue sobreseída dentro de las facultades que tiene Fonasa y ello informado a Contraloría, que no hizo nuevos reparos.

Desde el Servicio de Salud Metropolitano Central, el director (S) Eduardo Bartolomé, indicó respecto de la compra de bienes para la Torre Valech, que "eso obedeció a una planificación y no se ha perdido nada, los equipos están ahí y estamos completando los procesos". La Contraloría, en este caso, inició un procedimiento disciplinario en contra de dicho servicio, por devengar con más de un año de antelación los recursos para los equipos.