Señor director:

Al momento de implementar una política pública en salud, no sólo es importante evaluar su impacto en términos de beneficio para los pacientes; también es fundamental considerar los efectos adversos que puede conllevar. Esta doble consideración no sólo se hace a nivel poblacional, sino también en cada decisión terapéutica de la práctica médica.

Ante el ingreso inminente de un proyecto que busca despenalizar la práctica del aborto bajo el supuesto de proteger la salud materna, es necesario hacer este doble análisis. La despenalización de la práctica abortiva no sólo no tiene impacto en términos de salud y mortalidad materna, sino que precisamente fomenta su realización en lugar de reducirla. Es el caso de países como Suecia, Dinamarca, Hungría y España.

Sin embargo, poco se ha hablado acerca de los innumerables efectos negativos que el aborto inducido tiene sobre la salud de la madre: mayor riesgo de parto prematuro en su siguiente embarazo, mayor riesgo de cáncer de mama y aumento de hasta un 81% de riesgo de sufrir enfermedades mentales como síndrome posaborto, depresión posparto en el embarazo siguiente e incluso suicidio. Lo más grave es que es precisamente el área de salud mental la más débil de nuestro sistema público, lo que hace difícil sobrellevar estos casos si llegara a aprobarse este proyecto de ley.

Una vez más, es necesario que los parlamentarios tomen conciencia de que es fundamental legislar con la mejor evidencia médica disponible, pensando siempre en el bienestar de todos los ciudadanos de nuestro país.

José Tomás Gazmuri

Investigador Instituto Res Publica