El alcalde de la ciudad colombiana de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, fue destituido e inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación que lo encontró culpable de celebrar contratos de forma ilegal.

La medida disciplinaria también alcanza a otros dos funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga, capital del departamento de Santander (noreste), precisa un comunicado de prensa de la Procuraduría.

Una comisión especial, conformada por la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, el procurador auxiliar de Asuntos Disciplinarios y el procurador regional de Santander, indicó que "la falta disciplinaria se comprobó a título de culpa gravísima por desatención elemental".

El fallo de primera instancia, que se puede apelar, tiene que ver con un proceso disciplinario que se le sigue a los funcionarios por un contrato firmado con una entidad privada por cuantía de unos 530 mil 300 dólares.

Según la investigación, este contrato se adjudicó directamente, sin pasar por una licitación, como establece la ley.

Por este mismo caso, la Procuraduría sancionó con seis meses de suspensión al secretario general de Educación de Bucaramanga, Luis Alfonso Montero.

La ex secretaria de Desarrollo Social, Paola Andrea Carvajal, fue sancionada con destitución e inhabilidad general por el término de 12 años por haber contratado con fraccionamiento.