En enero de 2001, bajo la administración de Ricardo Lagos, los ministerios de OOPP y de Justicia firmaron un convenio de cooperación que daría inicio a la licitación para construir las primeras 10 cárceles a través del mecanismo de concesiones a privados, por una inversión total de unos US$ 260 millones. En la primera etapa se invertirían US$ 75 millones para levantar recintos penitenciarios en Iquique, Rancagua y Concepción. También se proyectaban edificios para La Serena y Valdivia, y la meta era que ninguna tuviera más de 1.600 reos. En 2006 debían estar operativos, pero dos años antes comenzaron los enfrentamientos con las concesionarias y mientras un proceso de dos cárceles se paralizó, otro no se llevó adelante. Las seis cárceles que hoy operan se construyeron tras una negociación millonaria con las concesionarias. Eduardo Bitrán fue el ministro que debió negociar y el que se convenció de que el sistema tenía graves deficiencias.

La tragedia en San Miguel expone un problema de fondo, ¿qué administración es responsable del 64% de hacinamiento?

La sociedad chilena, como un todo, tiene gran responsabilidad. No tiene sentido entrar en la discusión de cómo sacar ventaja política o infligir un costo político a uno u otro grupo a partir de esta tragedia.

Algunos, como Herman Chadwick, representante de las concesionarias, dicen que usted paralizó las concesiones cuando llegó al MOP.

Me parece un descaro de Chadwick aprovechar la tragedia para beneficiar intereses corporativos mezquinos. El sabe que el Grupo 4 de cárceles no se licitó en el período de Lagos, por las exorbitantes demandas y paralización de obras realizadas por parte del grupo Besalco.

En 2000, se anunció un programa de 10 cárceles concesionadas, en cuatro grupos, para 16 mil internos. Pero entre 2000 y 2005 se articularon tres programas. El Grupo 1 (La Serena, Rancagua y Alto Hospicio)  se lo adjudicó un consorcio liderado por Besalco y estaba en operación en 2006. Pero había una demanda por parte de ese grupo, por unos US$ 120 millones; es decir, el 150% del  monto original licitado. El Grupo 2 (Antofagasta y Concepción) también adjudicado a Besalco, estaba paralizado desde 2004, con 47% de avance. En este caso, la empresa también demandó al Fisco por una suma estratosférica.

¿Y qué hizo la autoridad?

El ministro de la época, Jaime Estévez, en mi opinión correctamente, sostuvo que el tema debía resolverse en un mecanismo de arbitraje. El Grupo 3 (Santiago, Puerto Montt y Valdivia) lo tenía la francesa Vinci, que amenazó  con paralizar la construcción si no accedíamos a aumentar el valor de la operación. 

¿Cuál era el fondo de la demanda?

Sobrecostos que ellos argumentaban que eran responsabilidad del MOP.

¿Qué orden recibió usted del gobierno de Bachelet?

Lo que se me planteó desde Hacienda fue resolver el grave conflicto que implicaba que el costo para el Fisco doblara el que definitivamente se licitó y, desde Justicia, la urgencia de terminar las cárceles. Sobre el Grupo 2, negocié con Besalco el término de la concesión y la compra de esas cárceles por el Estado, para proceder con una licitación y continuar la construcción.

¿A Besalco se le pagó por lo construido y el sobrecosto demandado?

No. Se le pagó por lo que hizo. La cifra fue superior al monto original de la licitación, pero infinitamente menor que la demandada por ellos al Estado, unos dos millones de UF. Fue un proceso complejo, porque si terminábamos la concesión y llegábamos a un acuerdo con Besalco, y ellos imponían términos muy favorables, eso sería un precedente para el litigio por el Grupo 1, donde el Estado pagó un monto adicional de 140%.

¿Por qué ocurrió eso?

¿Por qué ocurrió que un programa de 10 cárceles, que debía costar entre US$ 280 millones a US$ 300 millones, termine costando en promedio 70% más caro? Eso, en gran medida, está representado por el Grupo 1, donde el sobrecosto es más increíble. El ministro Estévez estableció un consejo asesor de OOPP, integrado por dos personas de oposición de la época, militantes UDI. Quería que esto se resolviera de una manera colegiada y transparente.

¿Se buscaba una solución política a un problema técnico?

No. Se buscó una solución en que todos los ámbitos políticos tuvieran conocimiento de cómo se llegaba a las soluciones. Al asumir, decidí mantener ese consejo.

¿Quiénes lo integraban?

Juan Carlos Méndez y Manuel Díaz de Valdés, de la UDI. También nombré a Estévez, porque me pareció que tenía experiencia y podía apoyar en el tema.

¿Por qué tenía esa composición?

Así estaba cuando llegué y me pareció que no era conveniente innovar. Después amplié el rol del consejo a una especie de directorio de concesiones. Todos los proyectos licitados se aprobaban ahí. Una de las cosas más complejas que me tocó abordar es el arbitraje del Grupo 1. En este caso, ocurrieron hechos muy complicados: el MOP, en 2005, nombró en la comisión arbitral a Manuel Díaz de Valdés, miembro del consejo de concesiones. Ese panel arbitral llamó a una conciliación en 750 mil UF, a fines de 2005. Antes del fallo definitivo, Díaz de Valdés nos recomendó transar en 1,6 millón de UF.

¿Qué hizo entonces?

Me acerqué a Besalco para explorar una transacción y no tuve respuesta. Finalmente, por unanimidad, la comisión arbitral falló contra el MOP por 2,6 millones de UF. En ese momento, sacamos a Díaz de Valdés del comité de concesiones, con el acuerdo de Juan Carlos Méndez.

¿Qué explicación le dio él?

Dijo que era árbitro y, por ello, independiente. Después decidimos trabajar con el CDE para impugnar el arbitraje. Perdimos en la C. de Apelaciones y fuimos a la Suprema, que en un fallo inédito recomendó a las partes negociar. Es decir, le quitó el piso a la comisión conciliadora. A los pocos días, terminé mi rol como ministro. Y lo único que sé es que el pago fue muy similar al que había puesto la comisión arbitral.

¿Por qué se obtuvo ese resultado?

¿Qué pasó entremedio? No lo sé. Obviamente,había una gran oportunidad para negociar que no se aprovechó. Pregúntele a Sergio Bitar, el ministro de la época.

¿Usted era partidario de continuar con las cárceles concesionadas?

No. Porque las cárceles concesionadas terminaron costando muchísimo más caras que las construidas por el Estado. Además, forzar la generación de consorcios entre la empresa que financia, el constructor y las pocas empresas internacionales que saben operar cárceles, generaba una situación de falta de compentencia dramática. De hecho, al rearmar la concesión del Grupo 2 encontramos que la concesionaria le impuso a la operadora una comisión del 7% de los ingresos anuales de toda la vida de la obra. Una suma estratosférica.

¿Cuál fue su postura?

Que el supuesto ahorro de costos fiscales, con la construcción concesionada, no era tal. Sabíamos, con datos fidedignos, que el costo de construcción era altísimo. Y eso era deuda pública, extremadamente cara, que el Estado tenía que pagar, mientras que para construir solo, el Fisco podía endeudarse a un costo bajísimo. Por eso, propuse que el Estado construyera las cárceles como obra pública y  concesionara sólo la operación. Eso se puede hacer a plazos más cortos, generando competencias por el derecho a dar el servicio. Así, hay menos litigios, conocimiento de la inversión pública y es más rápido resolver el  problema del hacinamiento.