Por existir diligencias pendientes, el 10° Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva a los ocho detenidos como miembros de una eventual red de pornografía infantil desbaratada a través de la denominada "Operación Carrusel II".

Tras una audiencia de casi tres horas en la que el Ministerio Público los formalizó por almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil, la jueza Silvia Caro estimó necesario dejarlos recluidos apelando a que la libertad de los sujetos podía entorpecer la investigación.

El fiscal de la Zona Metropolitana Sur, Cristián Suárez, sostuvo en la audiencia que en total son más de 20 mil los archivos con imágenes de menores en actos de connotación sexual encontradas en los computadores incautados en los domicilios de los implicados identificados como Ricardo Quintero Matus, Jorge Guajardo Morales, Jhony Melo Sánchez, Boris Valenzuela Valenzuela, Luis Campos Troncoso, Juan Pacheco Isla, Diego Covarrubias Astudillo y Erwin Fiebig Wittmaack.

Una de las diligencias claves esgrimidas por la Fiscalía Metropolitana Sur son pericias que debe realizar la Brigada del Cibercrimen de la PDI a más de 100 casillas electrónicas que habrían sido creadas por los sujetos para almacenar fotografías y videos y cuyas claves aún no han podido ser determinadas.

"Era muy probable que si quedaban en libertad estos imputados procederían a borrar estos correos electrónicos o las respectivas cuentas" dijo el fiscal Cristián Suárez.

Si bien las modalidades empleadas consistían en bajar el contenido de programas de descarga de archivos, y almacenar el material en correos electrónicos, compartiendo el nombre de usuario y clave, el fiscal explicó que algunos de los detenidos mantenían contactos permanentes por chat con menores de edad.

"Hay casos en que ingresaban a una comunidad y tomaban contacto con menores de edad, y de hecho las conversaciones eran de alto calibre" precisó el fiscal.

DEFENSOR CUESTIONA DELITO DE DISTRIBUCIÓN
A pesar de que la fiscalía le imputó cargos por almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil, la magistrada Silvia Caro manifestó reparos a la configuración del último ilícito.

La tesis del Ministerio Público es que la distribución se establecía porque los imputados descargaban archivos utilizando programas que implicaban compartir conscientemente el material con otros usuarios, antecedente que fue cuestionado por el defensor público Andrés Piñeiro quien manifestó que "Lo hizo saber el tribunal, por el delito más grave que es la distribución hay algunas dudas todavía (…) creo que le va a costar al Ministerio Público probar que hay distribución".

La investigación del caso fue fijada en 100 días.