Un centenar de controladores aéreos militares van a ser habilitados en España para poder operar en aeropuertos civiles, medida con la que se pretende evitar que se repita la situación crítica vivida en diciembre pasado por el plante de controladores, anunció hoy la ministra de Defensa, Carme Chacón.

"No vamos a permitir que vuelva a ocurrir lo que ocurrió el 3 de diciembre", cuando los controladores aéreos abandonaron de forma masiva e imprevista sus puestos de trabajo, afirmó la ministra.

Chacón informó de la medida tras conversar mediante videoconferencia con los responsables de los tres mandos del Ejército del Aire que han asumido el control aéreo civil durante los 43 días del estado de alarma que decidió el gobierno en diciembre.

El estado de alarma, decretado el pasado 4 de diciembre para poner fin al caos aéreo causado por el paro masivo de los controladores, concluye esta medianoche y supondrá la retirada de los militares de las torres de control en los aeropuertos.

Un millar de militares del Ejército del Aire participaron, 24 horas al día y siete días por semana, en las tareas encomendadas por el Gobierno para asumir la supervisión del control del tráfico aéreo tras el boicot de los controladores.

Bajo mando militar, los aeropuertos españoles han gestionado 150.000 vuelos en los que han viajado 12 millones de pasajeros y en los que también se han transportado 60.000 toneladas de carga.

El paro de los controladores aéreos, que abandonaron sus puestos al inicio de un largo "puente" festivo en España, obligó al cierre del espacio aéreo español y afectó a más de 600.000 personas.

Ante el caos, el Ejecutivo decretó el estado de alarma, medida contemplada en la Constitución para "circunstancias extraordinarias" que incluyen, además de catástrofes, calamidades, crisis sanitarias o desabastecimiento, la paralización de servicios públicos.

Ninguno de los anteriores gobiernos de la etapa democrática iniciada en 1975 había aplicado esta medida.

La actuación de los controladores aéreos generó un gran número de demandas judiciales de los afectados, incluidas diligencias por un posible delito de sedición castigado con penas de cárcel.