El fiscal regional de Coquimbo, Enrique Labarca Cortés, iniciará en los próximos días una investigación en torno al supuesto uso de testigos falsos por parte de fiscales locales en Valparaíso y La Florida (Santiago), de acuerdo con una denuncia formulada por el senador Nelson Ávila (PRSD) y los abogados Jaime Silva y Gustavo Menares. La indagación fue dispuesta por el fiscal nacional, Sabas Chahuán.

El primer caso de testigos falsos se habría dado en el contexto de una investigación penal a raíz del secuestro de Jazmín Toro, ocurrido el 13 de julio de 2005, cuando la mujer fue capturada en momentos en que realizaba una entrega de drogas en la Plaza Esperanza del Cerro Placeres, en Valparaíso. Los captores llevaron a su víctima a una casa de la población Gómez Carreño, en donde la torturaron por unas tres horas, con golpes y uso de corriente eléctrica, para que entregara una dirección en donde ocultaba más droga. Finalmente, Toro pereció tras caer a una quebrada, cuando intentaba huir de sus secuestradores.

Por este delito fueron condenados a presidio perpetuo, el 15 de mayo de 2007, Luis Gutiérrez Pereira, Pablo García Aravena, Luis Bustamante Soto, Esteban Felipe Massry Astudillo y Pablo Andrés Maturana Vargas. Sin embargo, el juicio fue anulado tiempo después.

En esta situación se acusa al fiscal jefe de Valparaíso, Pablo Gómez, de disponer pagos en dinero efectivo, traslados y permanencia en un hotel para que Isabel González, vecina del sector en que ocurrieron los hechos, testificara falsamente en contra de Maturana Vargas.

El fiscal Gómez ha declarado que González fue beneficiada con una medida de protección de relocalización, que "significa sacar a esta persona del lugar en que vive para trasladarla a una ciudad distinta". Agregó que "en ese tránsito, que se hace después de que ella presta declaración, se financian los gastos de alojamiento y de alimentación, y se le entregó una suma de dinero cercana a los 180 mil pesos, por una sola vez, para su mantención".

LA FLORIDA

El segundo caso afecta al fiscal de La Florida, Anatole Larrabeiti, a quien se acusa de la presentación maliciosa de testigos falsos en un juicio penal, siendo objeto de una denuncia formal ya presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El hecho habría ocurrido en el contexto de una investigación por el robo de un vehículo, con posterior homicidio de la mujer que lo conducía. En un primer juicio oral, el imputado, Bayron Romero Pincheira, fue absuelto, fallo que posteriormente fue anulado por la Corte de Apelaciones de Santiago. En el segundo juicio, ante la necesidad de encontrar pruebas contra Romero Pincheira, el fiscal habría inducido a testigos —entre ellos, dos funcionarios de la Policía de Investigaciones— para que cambiaran sus versiones, logrando que el sujeto fuera condenado por unanimidad a 15 años y un día de presidio.