Fiscalía acusa a alcalde de Arica por estafa en caso Conadi y pide 4 años de cárcel
El edil Waldo Sankán, según la acusación, aparentó el cumplimiento del citado proyecto presentando declaraciones de gastos sin respaldo o incompletos y con información falsa.

La Fiscalía de Tarapacá presentó este martes una acusación en contra del actual alcalde de Arica, Waldo Sankán, y otros tres ex funcionarios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), por los delitos de estafa (en el caso del edil) y fraude al fisco y falsificación de instrumento público respecto de los otros acusados.
La Fiscalía está pidiendo una pena de 4 años de presidio para Sankán, en tanto que para los ex funcionarios busca una condena de 5 años y un día de presidio.
En la acusación, la Fiscalía expone que el actuar de los ex funcionarios públicos Cornelio Chipana Herrera (quien era subdirector nacional norte de Conadi), Eduardo Ramírez Cayo (encargado de la Unidad de Tierras y Aguas de la subdirección norte) y Juan Huaranca Vara (supervisor de proyecto), y de Sankán Martínez, quien al momento de los hechos era representante legal de la consultora "Se Emprende Solution Technology Tarapacá Ltda." -que se adjudicó el proyecto-, causó un perjuicio a la Conadi ascendente a la suma total del proyecto denominado "Acciones de apoyo para el traspaso de predio fiscales y/o inmuebles fiscales a organizaciones indígenas de la provincia de Iquique año 2004".
De acuerdo a la acusación, Sankán aparentó el cumplimiento del citado proyecto, para lo cual presentó declaraciones de gastos sin respaldo documental en su contabilidad, así como la no presentación de estados de avances del proyecto, o los presentó incompletos y con información falsa.
Además, la empresa adjudicataria nunca contrató a los profesionales que supuestamente trabajarían en el proyecto e incluso el acusado Sankán presentó las declaraciones juradas de estos profesionales con firmas falsas a fin de obtener la adjudicación.
De igual forma, contrató a honorarios en calidad de procurador a su hermano Cristian Sankán Martínez, al que le fueron pagados parte de los fondos fiscales destinado a los profesionales, por un monto de 2 millones de pesos, contraviniendo la cláusula cuarta del convenio para la ejecución del proyecto.
La Fiscalía está ofreciendo como prueba para el juicio oral el testimonio de 25 testigos y peritos, además de un centenar de documentos.
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