Todo comenzó hace un mes, cuando ante la PDI decenas de ciudadanos bolivianos comenzaron a registrar su dirección en el mismo lugar, en la VII Región. Al poco tiempo, eran 102 los extranjeros que vivían en dos viviendas.

Con este antecedente, el miércoles, el Departamento de Extranjería de Curicó acudió hasta las residencias ubicadas en la comuna de Molina y encontraron, al menos, a 64 extranjeros que estaban trabajando en una empresa de forma irregular. Los bolivianos, quienes instalaban torres de alta tensión, tenían sólo visa de turismo y en muchos casos ésta se encontraba vencida.

Ante esta situación, la PDI presentó una denuncia ante la fiscalía por posibles delitos de tráfico de inmigrantes o trata de personas. Por la cantidad de gente implicada, es una de las investigaciones de estas características de mayor envergadura.

De hecho, el prefecto de la PDI Alfredo Chiang, jefe nacional de Extranjería, indicó que por el volumen de víctimas "se tomó contacto con personal especializado de la Brigada Investigadora de Trata de Personas, en Santiago".

Durante la jornada de ayer, los efectivos policiales y el fiscal Miguel Angel Orellana tomaron declaración a gran parte de los ciudadanos extranjeros. Algunos de los testimonios dieron pie a sospechar que podría existir tráfico de inmigrantes.

Fuentes de la PDI indicaron que los extranjeros habrían sido contactados en Cochabamba, donde les ofrecieron el traslado a Chile, alojamiento, alimentos y un sueldo. En sus declaraciones, algunos de los bolivianos indicaron que les debían hasta tres meses de pago. Asimismo, es uno de los focos de las indagaciones determinar quiénes los habrían contactado en Cochabamba.

Fuentes ligadas al caso indicaron que, según los testimonios de los trabajadores, se han detectado dos vías a través de las cuales se realizaron los contactos: por medio del "boca a boca" y a través de una oficina de la firma que estaba en Bolivia. Según un comunicado elaborado por el Ministerio del Trabajo, los hombres trabajaban para la empresa Paola Espinoza Montajes Ltda., que presta servicios a Elecnor.

Fuentes del Ministerio Público señalaron que será clave determinar si la empresa estaba realizando los trámites para regularizar la situación de los extranjeros. Al cierre de esta edición, no había indicios de estas diligencias.

La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, dijo que, dadas las condiciones en que trabajaban los hombres, podría darse el delito de trata de personas con fines laborales, e indicó que el gobierno no aceptará maltrato a los trabajadores.

El fiscal regional del Maule, Mauricio Richards, manifestó que "la policía pudo detectar la posible presencia de algún delito vinculado al tráfico de migrantes o trata de personas, por lo cual hizo una denuncia a la fiscalía". Agregó que "nos hemos coordinado con la autoridad del Ejecutivo, en específico con la Dirección del Trabajo, con el fin de detectar y evaluar las condiciones laborales en que estas personas se encuentran y su situación de vida".

CINCO TRABAJADORES POR HABITACION
Durante la tarde de ayer, el fiscal Orellana y un equipo de la PDI viajaron hasta las residencias donde pernoctaban los bolivianos en Molina.

Uno de los lugares, a los que accedió La Tercera, está ubicado frente al Juzgado de Garantía de la localidad. Se trata de una vivienda de adobe, tipo colonial, donde residen 40 bolivianos. Hay hasta cinco camas por habitación y todos comparten en una sala común, donde ven televisión y se calientan con una salamandra.

El trabajador Alex Brañez (29) llegó el 2009. Dijo que "yo tenía necesidad de trabajar acá, pues los sueldos son muy bajos en Cochabamba. Aquí me pagan 900 dólares al mes y en mi país mi sueldo es sólo la mitad. La situación es mucho mejor acá. La empresa nos asigna una casa donde vivimos bien, con otros 40 trabajadores bolivianos. Tengo la visa vencida desde el 2011 y yo confié en que la empresa me iba a tramitar los papeles. No pensé que era tan grave".

Fernando Quinteros (23) relató que llegó en enero a Santiago y ese mismo mes lo contrataron para trabajar como montajista, por un sueldo de 220 mil pesos. Su visa venció el 26 de abril y no le han cancelado los sueldos de marzo y abril, pero sí le han dado anticipos.

La Tercera contactó a Paola Espinoza y Elecnor, pero, hasta el cierre de esta edición, ninguna de las firmas había entregado su versión sobre esta indagatoria.