El presidente del directorio de la ONG Chile Transparente, Gonzalo Delaveau, valoró que se formalicen más causas por los delitos de cohecho y soborno, aunque advirtió que es necesario aumentar las penas para los responsables de estos delitos.

¿El aumento de estas formalizaciones da cuenta de una mayor fiscalización o de una mayor comisión de estos delitos? 

Es difícil hablar  de una mayor comisión de estos delitos, lo que sí podemos determinar de los datos presentados, es que existen mayores casos de denuncias y de investigación de estos hechos, causado por diversos factores: la vigencia de la Ley de Transparencia; menor temor a denunciar y un Ministerio Público que investiga, lo que sumado a la inmediatez de las comunicaciones y redes sociales, tiene como efecto que los casos se hacen conocidos rápidamente. Lo anterior  hace que las personas sean, en principio, menos tolerantes y exigen del Estado y sus representantes una conducta recta. Ahora, la pregunta es si castigarán a dichas personas, grupos o partidos, en las próximas elecciones, ya que ello, hasta ahora, no ha ocurrido ante hechos de corrupción.

¿El cohecho debe tener una mayor sanción?

Hay que aumentar el costo de delinquir para los corruptos. Se debe aumentar la sanción y entregar las facultades debidas al Ministerio Público para la investigación de estos delitos que, por lo general, son de alta complejidad. Si revisamos el proyecto de ley que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios, aumenta las penas de privación de libertad y multa en los delitos de cohecho y el soborno. El proyecto protege los principios bases de una buena administración, señalando que estas conductas colocan en peligro el bien protegido consistente en el correcto funcionamiento de la administración, las cuales ponen en riesgo la probidad y el legítimo ejercicio de las funciones públicas. Es imprescindible apurar la tramitación de este proyecto para enviar una señal potente, tanto a los funcionarios públicos como a la ciudadanía.

¿Basta con este proyecto para mejorar los estándares de corrupción?

Para que el modelo funcione no basta con aumentar el castigo, sino que se deben reforzar las bases éticas y morales de los funcionarios y de la ciudadanía. Debemos terminar con las ventajas indebidas y aprovechamiento de información privilegiada de cualquier tipo. Tenemos que erradicar esa sensación bastante fundada de que en muchas concesiones, licitaciones, planos reguladores y tantos otros, están arregladas o dirigidas de antemano, que ya están “cocinadas”.

¿En relación a los otros países de la región, es Chile un país corrupto? 

Creemos que en nuestro país, a diferencia de otros, no existe una corrupción sistemática, pero no podemos cerrar los ojos y constatar que su frecuencia y generalidad ha aumentado. Hemos tenido un estallido de casos que, aunque estrictamente hablando no son de corrupción al estar relacionado con el financiamiento político, despierta las legítimas sospechas de captura o influencia. Obviamente, si nos comparamos con otros países de la región como Venezuela, Brasil y Argentina, por citar algunos, estamos lejos de esa corrupción constante y en el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional, aunque caímos este año, Chile alcanza 70 puntos en la medición de percepción de la corrupción. El más pujante de nuestros vecinos logra tan sólo 36 puntos en la medición (Perú). Una ventaja que aún tenemos, es que existe una ciudadanía que todavía se indigna cuando se enfrenta a casos de corrupción, lo que en otros países de América Latina ya dejó de ser una sorpresa.b