"Hemos comprobado una discrepancia con respecto a los presidentes de los partidos de la oposición, en relación con la invocación que ha hecho el gobierno de la Ley Antiterrorista. Respetamos la opinión distinta que tengan los partidos de la oposición y la Concertación, pero el gobierno está decidido y claro en continuar con las acciones judiciales a través de la Ley Antiterrorista".

Con esas palabras retrató ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el tenor de la reunión de casi dos horas que sostuvo en La Moneda con los presidentes de la oposición, Osvaldo Andrade (PS), Ignacio Walker (DC), José Antonio Gómez (PR); el vicepresidente del PPD, Pepe Auth, y el timonel del PC, Guillermo Teillier.

La cita había sido gestionada el viernes por Andrade y el jefe de gabinete, tras conocerse la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay en un ataque incendiario.

Quienes participaron de la cita aseguran que los timoneles expresaron matices respecto de la invocación de la ley. Así, todos los jefes partidarios habrían expresado internamente su desacuerdo con esa acción judicial, a excepción de Walker, quien no se pronunció sobre el punto.

Con todo, los dirigentes opositores no condicionaron el diálogo con el Ejecutivo al retiro de las querellas bajo la Ley Antiterrorista, normativa que también se aplicó contra comuneros mapuches durante el gobierno de Bachelet con Edmundo Pérez Yoma a la cabeza de Interior.

De acuerdo con las mismas fuentes, si bien los timoneles condenaron los hechos de violencia, pidieron avanzar con "prudencia" en la aplicación de medidas de seguridad. Además, plantearon un "doble estándar", por la reacción ante el crimen del matrimonio Luchsinger, que a su entender no se condice con la respuesta que ha habido frente a ataques que han afectado a comuneros mapuches.

"Hemos recogido la sensación de que en la región hay un doble estándar, por lo que requeríamos simetría en el tratamiento de los temas", explicitó Andrade.

Mientras que Auth señaló que "le transmitimos (al gobierno) que no compartimos aplicar estados especiales y que la Ley Antiterrorista no contribuye a la solución, sino más bien termina por encender los ánimos en la región".

Según representantes de la oposición, Chadwick habría transmitido que el gobierno no decretará estado de emergencia, como han pedido sectores del oficialismo y agricultores de la zona. Esto, debido a las complicaciones -principalmente políticas- que acarrearía una medida de esa naturaleza.

Sin embargo, altas fuentes de La Moneda dicen que si bien ahora se descarta tal medida, en caso de mantenerse la ola de ataques incendiarios, el gobierno podría abrirse a su aplicación.

En esa línea, ayer, tanto Chadwick como la vocera Cecilia Pérez dejaron la puerta abierta a nuevas acciones. "El (instrumento) más oportuno es la aplicación de la Ley Antiterrorista, pero no descartamos hacia el futuro (…) tener que recurrir a otros elementos jurídicos", dijo el jefe de gabinete.